Monterrey, Nuevo León-. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha decidido abrir el caso 15,617 tras constatar que el Estado Mexicano no presentó respuesta a la petición sobre la desaparición y feminicidio de Brenda Damaris González Solís.
Esto ocurrió el 25 de septiembre de 2024, cuando la CIDH informó que México no atendió los requerimientos solicitados durante la etapa de admisibilidad.
La CIDH, aplicando el artículo 36(3) de su Reglamento, en concordancia con la Resolución 1/16 sobre Medidas para reducir el atraso procesal, ha avanzado el caso, lo que representa un paso significativo en la búsqueda de justicia.
La petición 1580-20, lejos de quedar estancada, ha progresado hacia la etapa del análisis de fondo. Según el organismo, en los próximos meses se emitirá un dictamen final sobre el caso.
Ante esta situación, las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecid@s en Nuevo León (FUNDENL) han alzado la voz, señalando la falta de respuesta por parte del Estado Mexicano. En un comunicado, el colectivo expresó su descontento hacia el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfatizando que las víctimas de violencia y desaparición son ahora su responsabilidad.
“Hoy le decimos a la Presidenta de la República Mexicana Claudia Sheinbaum que estamos de acuerdo con que ‘Lo que No se nombra No existe’, pero que Nosotras Sí existimos, aunque ella No nos nombre”, declaró FUNDENL, exigiendo una respuesta concreta del Estado Mexicano.
El caso de Brenda Damaris González Solís, que representa una dolorosa realidad para muchas familias en México, pone nuevamente en evidencia la deuda que el país tiene con las personas desaparecidas y sus familiares. Las organizaciones de derechos humanos insisten en que la verdad y la justicia deben prevalecer y que el gobierno debe asumir su responsabilidad para evitar que más personas desaparezcan.
El avance del caso en la CIDH es un pequeño triunfo en una larga lucha por justicia, pero también es un recordatorio del silencio y la inacción del Estado Mexicano. FUNDENL y otros colectivos continuarán presionando para que las autoridades cumplan con sus obligaciones ante las víctimas y sus seres queridos.
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