Ricardo Perez
La violencia que se vive la ciudad mexicana de Culiacán y otras zonas del país revela la magnitud de los retos que enfrenta el nuevo Gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha apostado por fortalecer a la Guardia Nacional, un cuerpo de 127.000 elementos –la mayoría militares–, que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Los retos son los mismos [que en el gobierno pasado], pero más grandes, son mayúsculos”, afirma el doctor José Antonio Álvarez, adscrito al programa de posgrado en derecho y política criminal de la UNAM.
Para el académico, el crítico momento que vive el país en materia de violencia y operación de grupos del crimen organizado requiere una repuesta que incluya el uso de la fuerza del Estado.
“Cuando usted se enfrenta a un fenómeno criminal tan grande, tan poderoso y tan desinhibido de la presencia del Estado, la única condición de respuesta que queda con contundencia es la fuerza del Estado“, señala el experto.
“Atacarlos contundentemente, eliminarlos, no solamente mandarlos a la cárcel, sino enfrentarlos con fuego; esta parte de quirúrgica de dónde golpear no se da en este país y eso es lo que yo creo que ya se requiere”, dice Álvarez.
Para el experto de la UNAM, la respuesta al crimen requiere también una simbiosis entre el Poder Ejecutivo, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial que no está presente en la actualidad.
“Mientras no haya una lógica sistemática para combatir el crimen entre los Poderes Ejecutivo y Judicial, será muy risible tratar de combatirlo solamente con fuerza”, advierte Álvarez.
Focos rojos en el país
El mismo día en que Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia de México, en Chiapas, al sur del país, elementos del Ejército mexicano abrieron fuego contra dos camiones los que viajaban decenas de migrantes después de que, supuestamente, se negaron a acatar una orden de detenerse. Seis murieron y otros 12 quedaron heridos.
De acuerdo con la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los militares que abrieron fuego contra los camiones reaccionaron de esta manera porque “escucharon detonaciones”. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que dos soldados implicados ya fueron puestos a disposición de las autoridades mientras se investigan los sucesos.
Pero ese no es el único incidente de seguridad grave que ha surgido justo la transición del Poder Ejecutivo. Sheinbaum asumió el cargo en medio de una ola de violencia en el estado de Sinaloa por una guerra abierta entre dos facciones del poderoso cártel de Sinaloa que, en un mes, ha dejado 140 muertos, decenas de desparecidos y que ha colocado a los habitantes de Culiacán y de otras ciudades de este estado en una situación de pánico y zozobra.
Además, la violencia ligada a grupos del crimen organizado resurgió con fuerza en el estado de Guanajuato (centro), uno de los más violentos del país, donde tan solo el pasado 3 de octubre se registraron 33 homicidios, casi un tercio de todos los asesinatos cometidos en el país.
En Guerrero (sur), este 6 de octubre fue decapitado Alejandro Arcos Catalán, el alcalde en funciones de Chilpancingo, una ciudad de unos 300.000 habitantes y la capital del estado, donde en días pasados habían sido asesinados su principal operador y secretario del ayuntamiento y la persona que iba a ser designada como su secretario de seguridad.
“El uso quirúrgico de la fuerza y la inteligencia”
Para Álvarez León, será imposible que el nuevo Gobierno de Sheinbaum erradique por completo el crimen organizado, que es un fenómeno “que ha crecido durante muchos años, que tiene una lógica transnacional, y acabarlo es prácticamente imposible”.
Lo que se puede hacer, en opinión del especialista en política criminal, es contener a estos grupos en ciertas regiones o ciudades, como en la Ciudad de México, Guadalajara, Veracruz y algunas ciudades de la frontera con Estados Unidos.
“El reto primordial va a ser contener el crimen en zonas regionales para establecer una especie de mantenimiento del orden y de presencia institucional del Estado. Y esto va a significar este entre otras expresiones el uso quirúrgico de la fuerza y de la inteligencia, cosa que tampoco se ha hecho”, señala el experto.
Según él, las autoridades tendrán que trabajar más con inteligencia para hacer más eficaces los golpes al crimen. “Si no lo hacen así, no van a poder combatir este flagelo”, señala.
Álvarez León destaca que, en este momento, en el país son necesarios los llamados “maxiprocesos“, que son investigaciones y procesamientos penales que buscan desbaratar redes de complicidades de un fenómeno criminal, desde la cabeza del mismo hasta el último eslabón.
Sin embargo, señala que la actual confrontación entre los Poderes Ejecutivo y Judicial por la reforma constitucional al Poder Judicial y la aparente ineficacia de la Fiscalía General de la República (FGR), dificultan el combate al crimen organizado.
Por lo pronto, dice el experto, “ya se perdió un año”, en referencia a que será hasta el 2025 cuando se lleve la elección de ministros, magistrados y jueces, y que mientras tanto no se puede esperar una colaboración entre ambos poderes como es necesario.
Concientizar a los jóvenes
Por último, el analista señala que, en el rubro del combate a las causas de la criminalidad —uno de los ejes de la estrategia de seguridad de Sheinbaum— es necesario que la política pública no se quede en la transferencia monetaria o becas a los jóvenes, sino que se haga un trabajo para concientizar a este sector de la población.
“Tendría que haber una campaña muy fuerte del Estado en materia educativa a través de los medios de comunicación para poder instalar en el plano inmediato de las conciencias de los jóvenes, los efectos y los riesgos no solamente de consumir y comprar drogas, sino de ser parte de este fenómeno”, dice.
“Si esto no tiene esa contundencia en la psique de las personas, particularmente los jóvenes, el deseo de no hacerlo va a seguir siendo nulo porque, en realidad, lo que ofrece el narcotráfico a través de medios de comunicación como las canciones, los corridos, la televisión y la narcocultura, son expectativas tentadoras que el Estado no ofrece de otra manera”, explica.
“Debería haber un trabajo más fuerte de concientización, por lo menos a nivel educativo”, concluye.
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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