La Defensoría de Oficio de Nuevo León será administrada de manera definitiva por el Poder Judicial del Estado, según lo dictaminó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La decisión se produce tras invalidar la controversia constitucional número 276, que buscaba que el Gobierno de Nuevo León mantuviera la responsabilidad y operatividad de esta dependencia.
Durante la sesión del miércoles, el proyecto del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena contemplaba respaldar la postura de la administración estatal encabezada por el Gobernador Samuel García Sepúlveda. Sin embargo, el debate dio un giro cuando tres de los ministros votaron en contra, validando los acuerdos que establecen la permanencia de la Defensoría Pública en manos del Poder Judicial.
El presidente de la Primera Sala, Jorge Mario Pardo Rebolledo, enfatizó la decisión de declarar infundada la controversia, resaltando la validez de los acuerdos impugnados. “En consecuencia, este asunto quedaría resuelto en el sentido de que es procedente y fundada la controversia constitucional”, afirmó Pardo Rebolledo, añadiendo que se publicaría la resolución en el Diario Oficial de la Federación y otros medios.
Este desenlace es el resultado de una larga disputa entre el Gobierno del Estado y el Poder Judicial, que comenzó cuando el Congreso Local determinó que la Defensoría Pública pasaría a formar parte del Poder Judicial. A pesar de este cambio legal, la administración estatal no reconoció el acuerdo y continuó operando la dependencia, lo que llevó a la confusión y la existencia temporal de dos defensorías.
La pugna ha persistido durante más de un año, creando tensiones entre ambas instancias gubernamentales. Finalmente, la SCJN se pronunció, otorgando al Poder Judicial la autoridad sobre la operatividad de la Defensoría, lo que pone fin a la incertidumbre que ha rodeado este tema.
Con esta sentencia definitiva, la administración estatal no tiene más opción que acatar la resolución y permitir que el Poder Judicial asuma plenamente la gestión de la Defensoría de Oficio. Esta decisión marca un hito importante en la organización del sistema de justicia en Nuevo León y refleja la necesidad de una clara delimitación de responsabilidades entre el Gobierno estatal y el Poder Judicial.
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