La reciente publicación de 299 decretos en el Periódico Oficial del Estado por parte del Gobierno de Nuevo León ha sido insuficiente para los diputados del Congreso Local, quienes consideraron que la acción no cumple con los requerimientos legales. Según los legisladores, la mayoría de los decretos corresponden a expedientes de cuentas públicas, mientras que los acuerdos más relevantes siguen pendientes de publicación.
Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN, señaló que de los 220 acuerdos publicados, 120 eran de cuentas públicas y ninguno de los 52 decretos enviados por el Congreso, que incluyen temas cruciales como la elección del Auditor y de Fiscales. “El Gobernador quiso enviar un mensaje publicando algunos acuerdos, pero lo importante sigue sin aparecer”, expresó De la Fuente, quien acusó al Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, de bloquear las publicaciones.
Por su parte, la presidenta del Congreso Local, Lorena de la Garza Venecia, calificó la publicación como engañosa y criticó al ejecutivo por aparentar cumplimiento sin abordar los temas más significativos. “No se puede cumplir la ley a medias”, dijo De la Garza, aludiendo a la discrecionalidad y el uso faccioso del Periódico Oficial, que ha dejado fuera acuerdos importantes para municipios no alineados con el partido en el poder, Movimiento Ciudadano.
La diputada Anylú Bendición Hernández Sepúlveda, coordinadora de la bancada de Morena, también manifestó su preocupación por el uso político del Periódico Oficial. “Es lamentable que se hayan retenido tantos acuerdos aprobados por el pleno”, señaló, calificando el retraso en las publicaciones como un acto deliberado que afecta el trabajo del Poder Legislativo y el cumplimiento de la ley.
Los diputados coincidieron en que la publicación parcial de decretos refleja una estrategia política que perjudica la transparencia y el proceso legislativo. Exigieron al Gobernador Samuel García Sepúlveda y a su equipo cumplir con la difusión completa de los acuerdos aprobados para garantizar la legalidad y la correcta gestión del estado.
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