La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), liderada por su presidente Roberto Macías Quintanilla, presentó una propuesta ante el Congreso de Nuevo León para actualizar la Ley de Obras Públicas en el estado y sus municipios.
La iniciativa busca adaptar el marco legal a los avances tecnológicos actuales, implementando mejoras en digitalización, prácticas ambientales y seguridad, con el objetivo de hacer más accesibles y eficientes los procesos de licitación y ejecución de obras públicas.
La propuesta incluye cambios significativos, como la digitalización de los registros de contratación y la implementación de un sistema de licitación híbrido, donde las propuestas técnicas se presenten electrónicamente y las económicas de manera física.
Además, se pretende establecer protocolos ambientales más estrictos y hacer obligatoria la capacitación en gestión de residuos y seguridad, requisitos que deberán demostrar las empresas en sus propuestas técnicas.
Uno de los puntos centrales es la promoción de métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, para solucionar disputas entre el gobierno y contratistas. Según Macías, desde 1997 no se ha actualizado esta legislación, y en un contexto digital, “es urgente pasar de un sistema analógico a uno moderno”. Estas medidas buscan optimizar la ejecución de proyectos y garantizar una mayor transparencia en el sector.
Además, la iniciativa contempla un plazo de ocho meses para que el Ejecutivo emita el reglamento correspondiente una vez que las reformas entren en vigor, junto con la creación de un reglamento específico para la mediación en conflictos de obra pública. Este esfuerzo, impulsado por los afiliados de la CMIC, cuenta con el apoyo de representantes de diversos partidos políticos en el Congreso, quienes reconocen la importancia de una Ley de Obras Públicas moderna y efectiva.
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