El Congreso del Estado, representado por su presidenta, la Diputada Lorena de la Garza, expresó su inconformidad por la postura del Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, quien confirmó su negativa a publicar varios decretos y acuerdos pendientes en el Periódico Oficial del Estado.
Esta negativa, según De la Garza, afecta gravemente el clima de diálogo y civilidad que ambas partes intentan construir, especialmente en un contexto donde se busca colaboración en temas clave como el presupuesto de 2025.
En la mañana de hoy, ambos representantes sostuvieron una reunión en Palacio de Gobierno, donde Navarro Velasco argumentó que el Gobierno ya ha publicado “casi” la totalidad de los acuerdos y decretos acumulados, pero admitió que no planea publicar aquellos que el Ejecutivo ha impugnado ante la Suprema Corte de Justicia.
Esta decisión ha sido calificada por la Diputada como un “absurdo legal” y una maniobra para impedir el avance legislativo, dado que el Ejecutivo estaría deteniendo aquellos decretos que considera desfavorables simplemente al someterlos a juicio.
La Presidenta del Congreso recordó que, según el artículo 90 de la Constitución, el Ejecutivo tiene la obligación de publicar todas las resoluciones legislativas sin excepción.
Restringir la publicación de decretos y acuerdos con la justificación de que están en litigio es, para el Congreso, una medida arbitraria y fuera del marco legal, pues la Constitución no contempla que el Ejecutivo pueda detener publicaciones sin una orden de suspensión de la Corte.
En este caso, la Suprema Corte ha rechazado todas las solicitudes del Ejecutivo para suspender la publicación de decretos, lo que, según el Congreso, refuerza la ilegalidad de la postura del Secretario de Gobierno.
Con esta polémica, el Congreso alerta sobre el deterioro de las relaciones entre ambos poderes y la vulneración a la división de poderes. La Diputada de la Garza insiste en que la publicación de estos decretos y acuerdos es un mandato constitucional que no debería estar sujeto a criterios discrecionales, sino al pleno respeto del marco legal y de la decisión soberana del Congreso.
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