Ciudad de México.- La Cámara de Diputados de México aprobó el miércoles una reforma a la carta magna para establecer que las controversias y acciones de inconstitucionalidad no procederán en las modificaciones a la Constitución Política aprobadas por el Congreso.
“Se aprueba, en lo general, con 340 votos, el dictamen por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución federal”, informó la Cámara Baja en un comunicado.
Legisladores de las bancadas de la oposición acusan al Gobierno y al gobernante Movimiento de Regeneración Nacional y aliados de concentrar todos los poderes para intentar establecer “un régimen autoritario” en México.
Tras ganar con un 54 por ciento las elecciones legislativas del pasado 2 junio, una interpretación de la ley aprobada por el Tribunal Electoral permitió al oficialismo alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes en el Congreso, requerida para cambiar la Constitución.
El dictamen, titulado “supremacía constitucional”, fue enviado ahora a los congresos de los 32 estados de la federación mexicana, donde necesita mayoría simple de la mitad más una de esas legislaturas para que la reforma sea promulgada por el Ejecutivo federal.
La polémica del proyecto presentado hace una semana y procesado a toda velocidad por la bancada oficialista fue desatada desde su origen, cuando la oposición rechazó el dominio del Poder Legislativo sobre el Judicial, que encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Una reforma constitucional al Poder Judicial que establece la elección de las máximas cortes y unos 1.700 jueces federales por voto popular desató protestas de jueces y magistrados que realizaron un paro de labores que duró más de dos meses.
El 4 de octubre, la SCJN admitió una impugnación para revisar la reforma del Poder Judicial, aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso y promulgada por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, el 15 de septiembre, en el último mes de su sexenio.
Un magistrado de la SCJN presentó esta semana un proyecto que será sometido a votación la semana próxima, según el cual la reforma al Poder Judicial es “inconstitucional”.
La presidenta, Claudia Sheinbaum, calificó de “ilegal” la decisión de la Corte Suprema.
El oficialismo argumenta que la reforma evitará que el Poder Judicial obstaculice 20 iniciativas promovidas por López Obrador (2018-2024) y respaldadas por su sucesora y correligionaria, que las considera un “mandato popular”.
Sheinbaum define como “inconstitucional” el proyecto de resolución presentado por un ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara, que propone anular parcialmente la reforma al Poder Judicial.
“Es inconstitucional, ellos (los magistrados) lo saben, son doctores en derecho, no tienen las atribuciones para echar atrás una reforma constitucional que siguió todos los procedimientos”, dijo la jefa del Ejecutivo federal.
El diputado Leonel Godoy, de la bancada de Morena, dijo el miércoles que el proyecto de dictamen “es totalmente contrario a los supuestos del artículo 135 de la Constitución, es una invasión de poderes y se arroga facultades legislativas”.
El capítulo final del proyecto del máximo tribunal, que será votado el martes 5 de noviembre, señala que “es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad”.
Numerosos jueces y magistrados inconformes han solicitado la protección del máximo tribunal mediante amparos judiciales que podrían desembocar en un fallo de la SCJN en contra de la mayoría oficialista en el Congreso, lo que desataría un conflicto institucional con los tres poderes enfrentados en forma inédita en el país norteamericano. (Sputnik)
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