Río de Janeiro (Brasil).- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunió el jueves con los gobernadores de buena parte de los 27 estados brasileños para debatir propuestas en materia de seguridad pública y mejorar la lucha contra el crimen organizado.
En un comunicado, el Gobierno informó que la reunión, “con gobernadores estaduales, la presencia de ministros e integrantes de los demás poderes de la República, sirvió para defender la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de la Seguridad Pública”.
Se trata de una propuesta que se quiere enviar al Congreso Nacional para modificar la Constitución y que el Gobierno federal aumente su participación en la seguridad pública, ya que ahora la mayoría de competencias están en manos de los gobiernos de los estados, cada uno de los cuales, por ejemplo, tiene su propia policía.
Al detallar la propuesta ante los gobernadores, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, afirmó que el reparto de competencias determinado por la Constitución de 1988 “está absolutamente superado por la dinámica de la criminalidad”, que dejó de ser local para ser nacional y hasta internacional.
Por ello, en su opinión no tiene sentido que haya 27 formas diferentes de abordar el problema, porque la falta de coordinación y de intercambio de informaciones entre autoridades y corporaciones policiales debilita la lucha contra el crimen.
La propuesta del Gobierno prevé, por ejemplo, incluir en la Constitución el Sistema Único de Seguridad Pública, creado en 2018 para impulsar la coordinación a nivel nacional pero que no acaba de despegar.
También otorga al Estado la competencia para definir las directrices generales de la política de seguridad pública y defensa social y actualizar las competencias de la Policía de Carreteras (que depende del Gobierno central) para que pueda usarse también para combatir delitos ambientales, de organizaciones criminales o milicias paramilitares.
Históricamente, en Brasil los intentos del Gobierno central de participar más activamente en la política de seguridad han chocado con la resistencia de los gobernadores, que temen perder poder sobre los cuerpos policiales que administran.
A la salida de la reunión, gobernadores de partidos de derecha opositores a Lula lamentaron no haber sido informados del contenido de la propuesta antes de la cita y subrayaron que el Gobierno no puede invadir las competencias estatales, por lo que el debate se aventura difícil. (Spuntik)
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