Ciudad de México – Con el objetivo de proteger a los pequeños productores de agave en México, el senador Waldo Fernández González presentó un Punto de Acuerdo en la Cámara de Senadores, solicitando a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural investigar las prácticas monopólicas que han dañado a miles de familias en el país. El legislador expresó su preocupación por la crisis que afecta a productores en estados como Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas, donde 181 municipios dependen de la industria del agave.
El senador destacó la alarmante caída en el precio del kilo de agave, que ha bajado de 30 a tan solo 2 pesos, poniendo en riesgo la subsistencia económica de más de 42 mil familias dedicadas a este cultivo. “La situación es insostenible; los pequeños productores están viendo cómo su sustento desaparece debido a la manipulación del mercado por grandes empresas,” lamentó Fernández, quien aseguró que esta crisis afecta el desarrollo regional de comunidades enteras.
Entre los factores que agravan esta situación, Fernández señaló el monopolio que ejerce el Consejo Regulador del Tequila (CRT) en la certificación del producto, así como la circulación de guías tequileras en el mercado negro, que permiten irregularidades en la producción y comercialización de tequila. Estas prácticas, afirmó, están diseñadas para beneficiar a grandes productores, relegando a los pequeños agaveros y afectando la transparencia del mercado.
El senador recordó que ya existen precedentes en la lucha contra prácticas monopólicas en el sector: en 2024, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) sancionó a la Comisión Reguladora del Mezcal por negarse a prestar servicios de certificación, impidiendo que pequeños mezcaleros pudieran comercializar sus productos. En junio de 2023, además, un tribunal falló a favor de la existencia de varios organismos certificadores para la Denominación de Origen Tequila, sentando un precedente contra el monopolio.
Por ello, Fernández solicitó que se tomen medidas inmediatas para investigar al CRT y facilitar la participación de distintos organismos certificadores, como recomienda la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la COFECE. Además, instó a sancionar legalmente a quienes han impulsado prácticas monopólicas y abusivas, resaltando que es crucial proteger la economía de los pequeños productores y salvaguardar la competitividad en el sector.
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