Víctor Flores García
Ciudad de México.- Jueces de México acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a denunciar violaciones a sus derechos laborales tras un fallo de Suprema Corte que avala la reforma al Poder Judicial, dijo este jueves en entrevista con la Agencia Sputnik la dirigente de los juzgadores, Juana Fuentes Velázquez.
“Nosotros tenemos el martes 12 de noviembre una cita en la CIDH en Washington para una audiencia pública, con participación de representantes del Estado mexicano”, dijo Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Poder Judicial Federal de México (Jufed).
En esa audiencia, la delegación del gremio de juzgadores federales expondrá los antecedentes y las consecuencias en la presunta violación de derechos humanos causada por la reforma constitucional al Poder Judicial, que establece la remoción de unos 1.700 jueces federales y su remplazo en una elección por voto popular en 2025 y 2027.
“En el plano internacional, también se presentaron solicitudes ante organismo internacionales, como la ONU, donde ya se han emitido recomendaciones por parte de la relatora especial para la Independencia Judicial”, dijo la dirigente de la Jufed.
Además de esas instancias del Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza, los jueces también han apelado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), con sede en San José, Costa Rica , y a las redes globales de jueces y magistrados.
“Ambos organismos (ONU y CIDH) están reconocidos en el artículo primero de la Constitución mexicana, que establece su competencia para emitir recomendaciones”, dijo la jueza.
JUICIOS PENDIENTES
Fuentes Velázquez explicó que en las instancias nacionales hay procesos pendientes, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia descartó el martes una sentencia para invalidar la reforma constitucional al Poder Judicial, porque sólo alcanzó siete votos y no la mayoría calificada requerida de ocho de las once magistraturas del pleno.
“En primer lugar, son diversos juicios de amparo que se interpusieron por trabajadores y juzgadores, en los cuales se impugna en lo individual esta reforma constitucional”, prosigue la entrevistada.
Todos los trabajadores del Poder Judicial están protegidos por amparos recibidos mediante recursos legales individuales y colectivos, y la Jufed tiene abiertos varios amparos para todos los jueces y magistrados, que derivaron en suspensiones de la reforma.
“Otro mecanismo en marcha es un juicio de amparo que se está tramitando en sedes nacionales, ante los cuales algunos jueces y juezas otorgan medidas de suspensión de la reforma”, explica la entrevistada.
Fuentes recuerda que en la sesión del pleno de la Suprema Corte celebrada esta semana se analizaron las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos políticos y se aprobó su validez, lo que dio paso a un proyecto de sentencia, finalmente desestimado por alcanzar sólo siete votos y no los ocho requeridos.
“En 165 juicios ha sido concedida la suspensión de la reforma, este dato es importante porque cuando se vulneran derechos hay mecanismos diversos de impugnación vigentes”, prosigue la dirigente gremial.
Ante el incumplimiento de las suspensiones judiciales de la reforma, los trabajadores de los tribunales continuarán exigiendo que no se aplique la reforma para los diversos operadores del sistema de justicia.
Los juicios están abiertos en los juzgados de los 32 distritos judiciales de todo el país.
DERECHOS LABORALES
La Jufed sostiene demandas laborales al interior del Poder Judicial porque, a pesar de la carga de procesos para los jueces, “la reforma los deja sin derechos laborales por un despido masivo injustificado”.
La reforma también afecta la Carrera Judicial establecida hace 30 años, en el caso de trabajadores que han cubierto los escaños de su trayectoria para llegar al último escalón, el cargo de juez o magistrado, considerado como “un derecho humano laboral de ascenso”.
La carrera profesional eliminada por la reforma, que requería de 15 a 20 años, es reemplazada por la elección por voto popular y para postular una candidatura ahora se requiere de una licenciatura en derecho y cinco recomendaciones de vecinos.
En julio de 2025 serán despedidos 850 jueces federales y otros 850 más en 2027, que fueron seleccionados al azar, mediante una controvertida tómbola en una sesión pública del Senado.
La reforma, para realizar una elección de magnitud inédita en el mundo, también ordena cambios a las legislaciones de los 32 estados de la federación mexicana para elegir a otros 5.000 jueces y magistrados locales en votaciones abiertas.
Los jueces federales rechazaron las destituciones masivas y casi 500 han presentado sus renuncias para no ser incluidos en la lista de candidaturas que el Poder Judicial presentará, junto con las postulaciones de los poderes Ejecutivo y Judicial para los comicios ordenados por la reforma.
El Gobierno argumenta una supuesta corrupción y nepotismo en el Poder Judicial; la reforma fue promulgada el 15 de septiembre por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrados, dos semanas antes de terminar su mandato.
Los cambios fueron aprobados en el Congreso federal con los votos del oficialismo y tres deserciones en las filas opositoras.
La oposición denuncia supuestas presiones del Gobierno a un juez de la Suprema Corte, que a última hora retiró su apoyo a la sentencia para anular la reforma, que la hizo naufragar.
La Jufed -que realizó un paro de labores durante dos meses en protesta por los cambios a la Constitución-, argumenta que están en riesgo la división de poderes, los contrapesos y la autonomía de los magistrados, que al ser elegidos por voto popular podrían quedar expuestos a la influencia del crimen organizado y las presiones políticas. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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