Monterrey.- Representantes de la junta de gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) de Nuevo León han expresado su preocupación por la falta de transparencia y legalidad en la toma de decisiones dentro de esta entidad.
Señalan que las acciones del Instituto no cumplen con los requisitos mínimos de transparencia que la ciudadanía espera y que no se están siguiendo los procedimientos estipulados en la Ley de Movilidad del Estado ni en los lineamientos de gobernanza aplicables a organismos paraestatales.
Los miembros de la junta han intentado entablar un diálogo para construir un sistema de transporte público más eficiente y en línea con las expectativas de la población. A pesar de sus esfuerzos, afirman que el IMA ha ignorado sus intentos de colaboración.
Estas denuncias surgen incluso después del reciente cambio en la dirección del Instituto, lo cual ha generado incertidumbre respecto al compromiso del organismo con la rendición de cuentas.
Además, varios miembros de la junta han destacado la falta de respuesta a sus peticiones de información. A través de cartas y oficios, han solicitado detalles sobre temas financieros y operativos, incluyendo la situación financiera actual del IMA, la gestión de las tarifas del transporte y la evaluación de costos para transportistas.
Sin embargo, muchas de estas solicitudes continúan sin respuesta, generando dudas sobre la transparencia en la administración de los recursos.
El reciente decreto, publicado el 5 de noviembre en el Periódico Oficial del Estado, que permite la creación de “rutas exprés” con un incremento tarifario del 25%, es otro punto de controversia.
La medida, según los integrantes de la junta, fue aprobada sin consultar al Consejo Consultivo ni a la Junta de Gobierno, violando así los procesos legales de revisión y evaluación que exige la Ley de Movilidad. La falta de consulta y análisis previo pone en riesgo la legitimidad de este aumento tarifario.
Los integrantes de la junta han subrayado que continuarán exigiendo transparencia y mejoras en la calidad del servicio de transporte en Nuevo León. Enfatizan su compromiso con la apertura al diálogo y el enfoque técnico para abordar los desafíos de movilidad que enfrenta el estado, confiando en que el respeto a la ley y la transparencia deben guiar las decisiones en materia de transporte público.
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