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El Poder Legislativo y su Rol Fundamental en la Defensa de los Derechos Humanos

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En el marco de un foro reciente, autoridades y expertos en derechos humanos destacaron el papel central que tiene el poder legislativo en la creación de leyes que protejan y promuevan los derechos humanos en México.

Organizado en conjunto por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Congreso de Nuevo León, el evento fue una plataforma para dialogar y fortalecer la cooperación legislativa en temas de derechos humanos.

La presidenta de la CEDHNL, Susana Méndez Arellano, subrayó la importancia de seguir generando herramientas para que la labor legislativa no solo cumpla con los estándares internacionales en esta materia, sino que los supere, estableciendo un marco normativo que asegure la dignidad y el bienestar de todas las personas.

“La protección y garantía de los derechos humanos es una prioridad que demanda un análisis profundo y una armonización con los compromisos que México ha asumido en el ámbito internacional”, expresó.

Durante el foro, se hizo un llamado a los legisladores para aprobar presupuestos públicos que no solo estén alineados con una visión humanista, sino que además supervisen la aplicación de estos recursos en beneficio directo de los derechos humanos.

En palabras de la diputada Lorena de la Garza, presidenta del Congreso del Estado de Nuevo León, es fundamental que las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos sean recibidas con apertura y se implementen cambios institucionales que refuercen el derecho de las personas a una reparación justa.

Este evento refuerza el compromiso del poder legislativo de Nuevo León para desarrollar políticas con enfoque de derechos humanos que fortalezcan el estado de derecho y contribuyan a una vida democrática más justa y equitativa para todos.

La presencia de diputados, funcionarios internacionales y expertos marca un paso importante hacia una mayor colaboración y un marco legislativo cada vez más sensible y comprometido con la protección de los derechos de la ciudadanía.

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