En un ambiente de acusaciones y discrepancias, el Congreso de Nuevo León inició el análisis de cuatro solicitudes de juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda. Estas peticiones, presentadas por líderes y exdirigentes del PAN y PRI, están basadas en presuntas violaciones de neutralidad en procesos electorales y en el uso de recursos públicos para beneficiar a candidatos de su partido, Movimiento Ciudadano.
Durante la lectura de los expedientes, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, expresó su inconformidad, argumentando que los casos deberían prescribirse por su antigüedad y, en todo caso, ser tratados como sanciones administrativas. Pámanes acusó a la Comisión Anticorrupción de actuar como “oficialía de partes” del PRI y PAN al analizar únicamente expedientes presentados por dichos partidos.
La presidenta de la Comisión, Lorena de la Garza, desestimó las objeciones de Pámanes y señaló que las sanciones contempladas pueden incluir inhabilitación o destitución, al considerar las faltas graves. Mientras tanto, los diputados de Morena mostraron ambigüedad, votando en abstención y expresando su postura de investigar actos de corrupción en todos los niveles y partidos.
El Congreso también aprobó aumentos en los valores catastrales de ocho municipios, entre ellos Monterrey y San Nicolás, lo cual generó críticas de la diputada de Morena, Brenda Velázquez, quien consideró que los incrementos son desproporcionados y afectarán a las familias de ingresos bajos y medios. A pesar de la oposición, la medida avanzó con el apoyo de las principales fracciones parlamentarias.
Mientras tanto, los coordinadores del PRI y PAN hicieron un llamado al gobernador García para que entregue un presupuesto estatal justo y equilibrado antes del 20 de noviembre. Los líderes enfatizaron la necesidad de que el presupuesto incluya recursos para transporte, seguridad y salud, y señalaron que esperan que el Ejecutivo cumpla su promesa de reunirse nuevamente para discutir el Paquete Fiscal 2025.
En otro orden de temas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó que el gobernador vulneró los principios de imparcialidad y equidad en las elecciones al apoyar públicamente a candidatos de Movimiento Ciudadano. Con esta decisión, el Congreso de Nuevo León deberá decidir si impone sanciones adicionales al mandatario estatal, en medio de un escenario político tenso y polarizado.
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