Ciudad de México.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk, exhortó este viernes a frenar una reforma constitucional que analiza el Senado de México para ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.
“Hago un llamado a las y los tomadores de decisiones en México para detener la propuesta de reforma que amplía el alcance de la prisión preventiva oficiosa y garantizar que la legislación del país esté plenamente acorde con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, dijo Türk en una declaración escrita.
La reforma, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, forma parte de una serie de modificaciones constitucionales ya adoptadas o en revisión.
“La prisión preventiva no debe ser una práctica general, sino una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de cada caso justifican dicha detención”, indica la postura del Alto Comisionado.
REFORMA CUESTIONADA
La reforma agrega delitos como la extorsión, el contrabando y ciertos tipos penales relacionados con las drogas a la lista de cargos en los que la prisión preventiva es automática.
“México enfrenta diversos desafíos en materia de seguridad y acceso a la justicia, pero ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa no es la respuesta”, advierte Türk.
Además del organismo de la ONU, mecanismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria han recomendado reiteradamente eliminar la prisión preventiva oficiosa de la legislación y la práctica en el país norteamericano.
“En conjunto, estas disposiciones corren el riesgo de socavar seriamente la independencia del Poder Judicial y su capacidad para defender efectivamente el Estado de Derecho”, dijo Türk.
En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que esta medida es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ordenó a México adaptar su sistema legal.
“En su lugar, es importante enfocarse en fortalecer la capacidad de las fiscalías para reunir evidencia y demostrar la necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva ante una autoridad judicial caso por caso, considerando alternativas a la privación de la libertad”, agregó el Acnudh.
El organismo reconoce que hay reformas recientes constitucionales que apuntan a fortalecer los derechos de las mujeres, la igualdad de género y los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, pero cuestiona otras modificaciones que generan serias preocupaciones en materia de derechos humanos.
Una profunda reforma constitucional promulgada en septiembre establece la elección por voto popular de las personas juzgadoras de todo el Poder Judicial, la terminación anticipada de los mandatos judiciales existentes en 2025 y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con amplias facultades.
La reforma introduce la figura de “jueces sin rostro”, para emitir sentencias de forma anónima en casos de delincuencia organizada, y genera preocupaciones adicionales en relación con la administración de justicia abierta, transparente y demás derechos relacionados con un juicio justo.
Los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios 2022 revelaron que más del 40 por ciento de las más de 220.400 personas detenidas en penales de México estaban sin sentencia.
Una encuesta del Observatorio contra la Tortura de la ONU de 2022 indica que 23,4 por ciento de los hombres y 15,3 por ciento de las mujeres privados de la libertad “fueron sometidos a asfixia o ahorcamiento” en México.
En tanto, casi el 13 por ciento de los hombres y siete por ciento de las mujeres “recibieron descargas eléctricas”. (Sputnik)
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