Ricardo Perez
La informalidad laboral en México es un problema grave que no solo quita recursos al Estado, sino que incluso favorece a grupos del crimen organizado y es clave para el combate a la pobreza, estimó en entrevista con Sputnik Gabriel Badillo, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De acuerdo con la última medición del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), correspondiente al segundo semestre de 2024, unas 32,2 millones de personas tenían un empleo informal en el país. Esto representó un 54,3% de la población ocupada: una caída de apenas 103.000 personas respecto al mismo lapso de 2023.
Para el analista, una tasa de informalidad laboral tan alta —que incluso supera a la de los trabajadores en el sector formal de la economía— tiene un costo para el país que va más allá de la pérdida de recursos tributarios, ya que, dice, también impacta en lo social, en la seguridad y en el fenómeno del crimen organizado.
“Uno de los grandes problemas que se ha encontrado en los últimos 20 años es que hay una estructura criminal que está capturando a las personas que trabajan en la economía informal, específicamente a quienes están en el comercio popular”, señaló el académico en entrevista con Sputnik.
De acuerdo con el experto, el crimen organizado ha capturado a las personas que laboran en este sector y “esto también tiene que ver con los espacios que el Estado va dejando y con lo que el Estado deja de hacer; entran otros poderes que no están legitimados, pero que cumplen la función que el Estado abandona”.
Para el economista, esta es una de las principales razones por las que el Estado debe implementar medidas y políticas públicas para incorporar a estos trabajadores al circuito de la economía formal.
En el actual debate sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 —en el que hubo un esfuerzo importante del Gobierno de Claudia Sheinbaum por ajustar el déficit fiscal y tener los recursos suficientes para hacer frente a compromisos como el plan ferroviario o los programas sociales—, han surgido de nuevo las voces que ven necesario que se lleve a cabo una reforma fiscal que permita a la Administración aumentar la recaudación de impuestos.
El factor tributario
De acuerdo con las estimaciones para 2025 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ingresos tributarios ascenderían a 14,6 % de PIB, un porcentaje bajo si se toma como referencia la media de ingresos de países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a la que pertenece México, que asciende a un 34% del PIB, prácticamente el doble que el que registra el país latinoamericano.
Organizaciones agrupadas en la Alianza por la Justicia Fiscal están presionando para que el Gobierno mexicano implemente una reforma fiscal progresiva que obligue a los trabajadores que más ganan a pagar más impuestos, que elimine los beneficios fiscales a las personas de mayores ingresos, además de gravar herencias, aumentar los cobros a yates y aviones, y otras medidas.
Especialistas de la Alianza señalan que la incorporación a la formalidad de trabajadores que están actualmente en el sector informar no ampliaría significativamente la recaudación, ya que señalan que muchos de los trabajadores ya pagan impuestos como el IVA e incluso el Impuesto sobre la Renta (ISR), de tal manera que la incorporación de estos trabajadores al circuito forma solo aumentaría la recaudación en un punto porcentual del PIB.
Para el profesor Badillo, la incorporación de trabajadores a la economía formal sí aumentaría la recaudación del Estado de una manera significativa. Señala, por ejemplo, que la economía informal representa aproximadamente un 25% del PIB, pero con la incorporación de los trabajadores a la formalidad se podría agregar entre 30 y 40% más a la recaudación.
Costo social y pobreza
Sin embargo, más allá del aumento de los ingresos tributarios, el académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM subraya el costo social para el país de una tasa de informalidad tan alta y el hecho de que más de 30 millones de trabajadores carezcan de acceso a la seguridad social o estén en una situación de vulnerabilidad laboral.
“La protección social puede ser un mecanismo muy importante para aliviar la pobreza, sobre todo cuando se presentan gastos catastróficos en salud”, señala el especialista. “La seguridad social funciona como un soporte muy importante para que las personas no caigan en niveles de pobreza o incluso en indigencia”.
De acuerdo con el experto, un ejemplo claro es el caso de los ancianos, ya que cuando estos cuentan con una pensión del Seguro Social, su nivel de vida es muy diferente y podría ser la diferencia entre ser pobre o no serlo.
También señala que las pensiones para adultos mayores han reducido la pobreza, pero las pensiones no contributivas, como las del programa de pensión para adultos mayores impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador desde su etapa de jefe de Gobierno de la Ciudad de México entre 2000 y 2006, siempre se van a quedar por detrás de las pensiones del Seguro Social.
“Ahí podemos ver claramente cómo la protección de la seguridad social tiene una incidencia muy importante en la reducción de la pobreza en los adultos mayores; este programa no contributivo ayuda mucho a aliviar la pobreza, pero en realidad no tienen un mecanismo de financiamiento como sí lo tiene la ingeniería de la Seguridad Social”, explica Badillo.
“Es uno de los factores por los cuales se tiene que hacer este esfuerzo de incentivar a las personas a que se trasladen a la economía formal”, señala.
Obstáculos políticos y económicos…
De acuerdo con los datos del INEGI, la informalidad laboral ha bajado apenas unos puntos porcentuales en México en los últimos 20 años. En el primer trimestre de 2005, la tasa de informalidad fue de 59,1% de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, solo bajó 4,8 puntos porcentuales en 19 años.
Y es que, de acuerdo con estadísticas oficiales, una parte importante de los trabajadores en la informalidad se encuentra en el sector informal de la economía, pero muchos otros trabajan en el sector privado e incluso en instituciones del Gobierno, solo que están contratados sin seguridad social o como “empleados externos” o “colaboradores independientes”.
Los datos del segundo trimestre de 2024 señalan que 16,7 millones de trabajadores estaban ocupados en el sector informal. Esta cantidad constituyó el 28,1 % de la población ocupada y representó un incremento anual de 155.000 personas. Además, 8 millones correspondieron al ámbito de las empresas, gobierno e instituciones; 5,2 millones, al agropecuario, y 2,3 millones, al servicio doméstico remunerado.
Badillo considera que será muy complicado que la tasa de informalidad laboral se reduzca significativamente, y reconoce que se ve muy difícil que pueda alcanzar metas como la planteada por organizaciones civiles como “México ¿cómo vamos?”, de un 25%.
De acuerdo con el académico, hay factores políticos y económicos que, de alguna manera, representan un obstáculo para la incorporación de los trabajadores informales a la formalidad.
En el ámbito político, señala Badillo, está el hecho de que muchos trabajadores en la informalidad “están capturados por el sistema político”.
“Ningún partido va a proponer obligarlos a irse a la economía formal porque eso representa un conflicto con quien está en el sector informal y, como estamos en una democracia competitiva, si un partido se pelea con las personas que están en la economía informal, va a haber otro partido que busque rentabilizar”, explica.
En cuanto a los factores económicos, el especialista señala que para muchas personas que trabajan en la informalidad y tienen ingresos bajos, integrarse a un empleo formal implicaría una pérdida de hasta 30% de sus ingresos. Otro factor, dice, es el hecho de que hay una mayor flexibilidad en los empleos informales.
También, destaca Badillo, la incorporación en masa de trabajadores a la formalidad podría tener un efecto inflacionario no deseado porque una otra parte de lo que consumen las familias mexicanas corresponde a la economía informal.
Experiencias positivas
De cualquier manera, señala el maestro en demografía social, hay ejemplos de otros países que han logrado reducir significativamente su tasa de informalidad laboral, como Argentina, Uruguay, Costa Rica, Rusia, y otros más, y México podría tomar en cuenta las experiencias de estas naciones.
En Argentina, por ejemplo, se utiliza un instrumento que se llama monotributos, un sistema altamente simplificado mediante el cual las personas que están en la economía informal ya no tienen que pasar por todo el sistema tributario, por todos los procesos por los que atraviesa el trabajador asalariado y, prácticamente, se realiza un solo pago.
En Costa Rica todos los pequeños negocios pagan impuestos y todos reciben pago con tarjeta, y ese es un indicador de que esos pequeños negocios están dentro del circuito de la economía formal.
“Si Costa Rica, que es una economía mucho más pequeña puede lograr esto, ¿por qué México no lo intenta”, cuestiona Badillo. Sputnik
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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