Víctor Flores García
Ciudad de México.- El triunfo electoral de Donald Trump aumentó en más del 100 por ciento la tarifa que los “coyotes” (traficantes de personas) cobran a los migrantes para llevarlos a EU, aseguró a la Agencia Sputnik el director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Enrique Vidal.
“Un dato concreto que nos reportan en el terreno los migrantes es que a partir de la victoria de Trump el pago por el tráfico de personas, vía Western Union, aumentó más de 100 por ciento”, dijo el directivo de la organización con sede en Tapachula, Chiapas (sur), fronteriza con Guatemala.
En efecto, según testimonios de personas extranjeras que atraviesan el territorio mexicano, los costos subieron de un rango de 2.000 a 7.000 dólares en noviembre de este año, a entre 8.000 y 15.000 dólares actuales, indica el defensor de derechos de la población migrante en la frontera sur mexicana.
Las firmas financieras utilizadas ofrecen servicios de transferencias internacionales de dinero en efectivo en línea, por teléfono, a través de su aplicación móvil o en forma personal en sus sucursales, y así los pagos llegan a las cuentas de organizaciones criminales establecidas en EU.
Las redes de traficantes de personas “están en EU, porque es el destino donde se establecen las vías de acceso ilegales o irregulares, donde al final llega el dinero”, dijo Vidal, con base en entrevistas.
El tráfico ilegal de personas en las rutas de los migrantes que recorren sobre todo las costas mexicanas frente al Pacífico y el Golfo de México cotiza sus precios en dólares, no en monedas latinoamericanas.
Centroamérica es una constante en las fuentes de migración desde hace 10 años, en particular los tres países del llamado Triángulo Norte de esa región: Guatemala, Honduras, y El Salvador.
Pero a partir de 2019 y 2020 “se registra un aumento cada vez mayor de personas de Cuba y de Haití, y en los últimos tres años generalizado de personas de Venezuela, Ecuador y Bolivia”, indica el especialista.
Vidal señala que en estos últimos países “EU tiene una mayor injerencia en la lógica de sanciones económicas y políticas”.
Los defensores humanitarios consideran que una causa de la mayor migración está en las políticas de Washington hacia esos países.
“La crisis política en Ecuador, las sanciones económicas a Cuba y Venezuela, la violencia en Haití, y la lógica colonial hacia el Triángulo Norte está en la raíz del desplazamiento forzado”, sostiene el director de la organización vinculada a la diócesis católica en el sur de México.
ENCLAVE ESTRATÉGICO
El Centro Fray Matías, como se conoce a la organización fundada en 1994 en Chiapas (sureste), que se define como “apartidista y sin fines de lucro”, considera que la frontera sur mexicana siempre ha sido un enclave geoestratégico en las relaciones con EU.
El defensor humanitario estima que “la característica de los años 2024 y 2025 es que sus territorios entran en una disputa no solo de control operativo de las personas con la detención masiva, sino también en las relaciones económicas entre México y EU”.
En el marco de las revisiones del Tratado México, EU, Canadá (T-MEC) de libre comercio, que se consumarán en 2026, los posicionamientos de los países se adelantaron desde 2024.
Trump, ganador de las presidenciales del 5 de noviembre en EU, amenaza con imponer aranceles de entre 25 y 100 por ciento a las exportaciones mexicanas, si no cesa el flujo de migrantes y drogas, en particular el opiáceo sintético fentanilo.
“Hemos visto un incremento en la especulación industrial en territorios de la frontera sur, con los anuncios de los llamado Polos de Desarrollo para el Bienestar, las ampliación de las líneas de trenes que en 80 por ciento son para carga, y el Corredor Interocéanico del istmo de Tehuantepec y la Línea K de ferrocarril que llegará hasta Guatemala”, explica el experto.
Vidal indica que el próximo presidente de EU añade la imposición de las tarifas comerciales, vinculadas al combate a la migración y al crimen organizado, a la política antiterrorista que Washington aplica desde 2001, después de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York (noreste).
“Con la narrativa de invasión territorial para combatir el crimen, ahora Trump le agrega el componente de negociar la política migratoria en el marco de una guerra comercial”, indica el directivo de la organización, perteneciente a varias redes de defensores de derechos humanos en Centro y Norteamérica.
Considera que esa amenaza del magnate republicano consiste en “una especie de outsourcing (subcontratación), de exteriorización de la responsabilidad en la gestión migratoria”.
CIERRE DE VÍAS LEGALES
Vidal lamenta que se cierren las posibilidades de acceder a mecanismos de migración legal hacia EU mediante las cuatro vías principales de acceso regular.
Estos programa estadounidenses en riesgo de terminar son: la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), el Estatus de Protección Temporal (TPS), el ‘Parole” o permiso temporal humanitario, y el CPB One, que es un trámite de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
“Cuando se cierran estas posibilidades, las únicas beneficiarias acaban siendo las redes macrocriminales y trasnacionales, porque su centro de operaciones está en EU, pero su implementación y manufactura está en los territorios del sur de México”, sostiene el dirigente humanitario.
Explica además que estas redes, organizadas como empresas transnacionales, no están en la frontera sur, pero culminan sus operaciones en el sur global, donde ofrecen sus servicios externos.
“Los costos están sujetos a la especulación del mercado: con las amenazas de Trump, se reduce la oferta de vías regulares de acceso, y se incrementa la demanda de vías ilegales”, plantea Vidal.
Lo que está en juego como mercancía son personas en desplazamiento forzado: “es el lucro de la desgracia de personas en América Latina”, puntualiza el activista.
Finalmente, Vidal sostiene que estos efectos de presión económica criminal de las redes de tráfico de migrantes como “poderes fácticos” no puede soportarse con un andamiaje institucional mexicano débil, centrado en el Instituto Nacional de Migración (INM) y a Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
“El Gobierno mexicano adolece de una incapacidad para escuchar un diagnóstico más certero desde el terreno, para plantear soluciones efectivas”, lamenta.
El defensor lamenta que, mientras crece la migración y la violencia criminal en la frontera sur, en esos cargos no sólo han sido designadas personas con “perfiles inadecuados”, sino que la política de austeridad recorta el presupuesto para el año próximo, en el cual se esperan deportaciones masivas.
En efecto, el presupuesto federal de egresos de 2025 recorta un 11 por ciento el presupuesto del INM, con 1.700 millones de pesos (unos 85 millones de dólares), y deja a la Comar con apenas 47 millones de pesos (unos 2,3 millones de dólares).
El enfoque desde la administración anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), adoptado por su sucesora Claudia Sheinbaum, es que las personas migran por motivos económicos y laborales, huyendo de la pobreza, y propone atenderlos con programas sociales.
“Los testimonios de las personas de América Latina que atendemos indican que llegan a México para salvar su vida, decididas incluso a traer a las familias enteras”, apunta el activista.
Ese drama tiene otra cara: “cada vez más están migrando sabiendo que no van a regresar a su país de origen si los deportan, porque allá no tienen condiciones de sobrevivencia”, subraya.
En los últimos ocho años, los motivos no sólo son económicos: “se trata de un desplazamiento forzado generalizado”, concluye.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la Organización de las Naciones Unidas, estima que la trata de personas genera ganancias de más de 150.000 millones de dólares anuales, como una de las actividades delictivas más lucrativas. (Sputnik)
Fuente: https://x.com/TXMilitary/media
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