La ratificación de Olga Susana Méndez Arellano como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por un período de cuatro años más ha desatado un fuerte rechazo entre colectivos universitarios, diputadas y aspirantes al cargo, quienes aseguran que la decisión fue ilegal y anuncian que recurrirán al amparo.
La manifestación de inconformidad se centró en que el proceso de ratificación no se llevó a cabo a través de una convocatoria pública y abierta, como establece la ley, sino que se optó por una ratificación directa por parte del Congreso Local.
Este martes, durante la sesión legislativa, los diputados aprobaron la ratificación de Méndez Arellano con 25 votos a favor, 10 en contra y siete abstenciones.
Sin embargo, fue la bancada de Morena la que más se manifestó en contra de la decisión, argumentando que se cometió una mala interpretación de la ley y se ignoró el procedimiento adecuado.
“Se está sacando de contexto un párrafo de la ley que habla de la posible prórroga, pero en el párrafo anterior se menciona que la elección debe hacerse mediante una convocatoria pública y abierta”, señaló un legislador, criticando la falta de transparencia en el proceso.
El diputado Hernán Gerardo Theriot Gutiérrez, uno de los principales opositores a la ratificación, advirtió que esta decisión viola los derechos de quienes desean contender por el cargo, argumentando que se está vulnerando el debido proceso, la transparencia y la igualdad de condiciones.
“Con esta ratificación, se violan mis derechos y los de otros aspirantes, al no haberse dado el ejercicio democrático que un órgano como la CEDH merece”, expresó Theriot, quien adelantó que se impulsará un juicio de amparo para impugnar la decisión.
A pesar de las advertencias y el descontento de diversos sectores, como organizaciones civiles y activistas en derechos humanos, el Congreso ratificó a Olga Susana Méndez Arellano como presidenta de la CEDH.
La funcionaria asumió el cargo por un nuevo período de cuatro años tras tomar la protesta de ley, en medio de un clima de controversia que podría derivar en acciones legales y movilizaciones por parte de los opositores a su ratificación.
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