El Senado de México aprobó una medida significativa en su lucha contra los riesgos sanitarios que amenazan a la población, al votar a favor de la prohibición de la producción, comercialización y distribución de vapeadores, así como la regulación más estricta sobre el uso ilícito de drogas sintéticas como el fentanilo.
Con 86 votos a favor y 39 en contra, la reforma constitucional busca fortalecer las medidas de protección a la salud pública y reducir la proliferación de sustancias altamente peligrosas que, en los últimos años, han causado estragos en muchas familias mexicanas.
La ley aprobada establece severas sanciones para quienes se involucren en la fabricación y venta de estos productos, cuyo impacto en la salud de los jóvenes es particularmente alarmante.
El consumo de vapeadores ha aumentado de manera preocupante, especialmente entre adolescentes, mientras que el fentanilo, una droga sintética más potente que la heroína, ha demostrado ser un factor clave en el aumento de muertes por sobredosis en diversas partes del país.
No obstante, el desafío para el gobierno será garantizar que la legislación no solo quede como una medida simbólica, sino que sea implementada de manera efectiva para frenar su proliferación.
Sin embargo, la cuestión clave ahora es cómo se controlará la medida. Si bien el Senado ha dado un paso firme al establecer estas prohibiciones, los críticos argumentan que esta medida podría provocar la expansión de mercados negros aún más peligrosos, similares a lo que sucedió con otras sustancias.
La pregunta que muchos se hacen es si, de verdad, el gobierno mexicano tiene la capacidad de implementar una fiscalización eficiente que impida la comercialización clandestina de estos productos, o si simplemente se generarán nuevas redes de distribución ilícitas que serán más difíciles de controlar.
Este panorama se suma a un clima político algo incierto en cuanto a otras decisiones clave, como el Presupuesto 2025, que sigue detenido en el Congreso de Nuevo León.
Donde los diputados aún no logran llegar a un consenso sobre el paquete fiscal del próximo año. Esta situación genera incertidumbre, y los ciudadanos, al igual que los sectores empresariales, esperan respuestas claras sobre cómo se distribuirán los recursos y qué sorpresas nos deparará el Congreso en los próximos días.
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