El combate a la corrupción en México se ha posicionado como uno de los temas más apremiantes entre la sociedad. Una de las banderas de la pasada Administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, fue atajar este flagelo, lo cual se tradujo en una baja en la percepción de esta problemática entre la población del país latinoamericano.
Durante el Gobierno del expresidente López Obrador (2018-2024), quien puso el combate a la corrupción como uno de principales ejes de su Administración, se registraron avances en materia de percepción de la corrupción.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la corrupción ha bajado en los últimos seis años en la lista de principales problemas que percibe la sociedad en su entorno, al pasar del lugar cuatro en 2018 (29%) al sexto en 2023 (23%).
Otra reciente publicación del organismo muestra que en los últimos años se ha registrado una ligera disminución en el número de personas que han referido haber sido víctimas de algún acto de corrupción por parte de funcionarios a la hora de hacer un trámite, al pasar de 15.7% en 2019 a 14% en 2023.
“En general me parece que tenemos varios años de avances en materia de combate a la corrupción”, dijo en entrevista con Sputnik Patricia Legarreta Haynes, doctora en Ciencias Antropológicas y excoordinadora general de Ciudadanización y Defensa de Víctimas a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública.
La especialista señala que, entre los cambios en el Gobierno federal que han logrado ese avance en el combate a la corrupción, destaca la implementación de políticas de austeridad en diversas áreas. Ello, ahondó, ha contribuido a disminuir los gastos burocráticos, a la aplicación de un presupuesto que prioriza la cobertura de las principales necesidades de la población, así como a la eliminación de la evasión de impuestos a grandes contribuyentes.
“Todo esto en su conjunto ha permitido aumentar la liquidez del Gobierno sin tener que adquirir deuda y poder financiar los programas sociales. Entonces, estos son a grandes rasgos los principales logros que se han tenido y que se mantienen en materia de combate a la corrupción”, consideró.
Un problema cotidiano
Pese a los avances en la materia, la población continúa percibiendo que hay un importante nivel de corrupción en diferentes espacios y en algunos tan cotidianos como los trámites.
“Las personas siguen percibiendo que hay un importante nivel de corrupción en diferentes espacios, no solamente en niveles como pueden ser los altos funcionarios, sino que también vemos que todavía sigue persistiendo un nivel importante de corrupción a nivel de ventanilla (elaboración de trámites)”, dijo en entrevista con Sputnik Maximiliano García Guzmán, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Según información del Inegi, los trámites realizados ante alguna instancia del Gobierno estatal, como el pago del impuesto vehicular, los trámites en el registro civil y los relacionados con la propiedad o ante el Ministerio Público, por mencionar alguno, tuvieron la mayor prevalencia de corrupción con un 19%.
Mientras que, por tipo de trámite, se resalta que seis de cada 10 personas que tuvieron contacto con policías y autoridades de seguridad pública fueron víctimas de corrupción en 2023. En este rubro se ha registrado la mayor proporción de víctimas de corrupción desde 2013.
Otro de los grandes problemas con la corrupción es la falta de denuncias por parte de la población que es víctima de dicho delito. De acuerdo con el organismo de estadística, solo 4,8% de las víctimas de esa problemática en 2023 mencionó haber denunciado ante alguna autoridad.
El mismo instituto revela que los principales motivos por los que las víctimas no denunciaron los actos de corrupción fueron “porque es inútil denunciar” (29.5 %), “por ser una pérdida de tiempo” (18.5 %), “porque la corrupción es una práctica muy común” (12.6 %) y “porque obtuvo un beneficio” (11.6 %).
Futuro incierto
La actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió desde la campaña continuar con el combate a la corrupción. Como parte de su estrategia, el pasado 17 de octubre anunció la transformación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Raquel Bunrostro, extitular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del país latinoamericano quedó al frente de la cartera.
“Yo creo que el nombramiento de Raquel Buenrostro como titular de la ahora Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno es una gran noticia, también el que le cambien el nombre a la secretaría es una gran noticia, porque había muchísima simulación en esta forma de concebir el papel que tenía la SFP y el que se le nombre tal cual Anticorrupción y Buen Gobierno es algo que va obviamente a promover el que cada vez más los servidores públicos entiendan cuál es el rol que deben dar servicio a la ciudadanía”, consideró Legarreta Haynes
Por otro lado, García Guzmán consideró como desacertado que el Gobierno de Sheinbaum y los legisladores de su partido hayan desaparecido diversos organismos autónomos, pues se genera un ambiente de incertidumbre sobre cómo la Administración podrá combatir la corrupción investigándose a sí mismo.
“Por lo que se ha visto en las últimas semanas, incluso días, que en términos de modificar o transformar a las instituciones que tienen que ver justamente con el combate a la corrupción, sí me parece que viene un panorama de incertidumbre muy importante“, dijo el especialista de la UNAM.
“Se manda un mal mensaje con la desaparición de los organismos autónomos”, agregó.
La reforma aprobada por el Senado el pasado 28 de noviembre deroga las disposiciones relativas al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que data de 2002, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2004).
También elimina las siguientes entidades autónomas: Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), creada en 1992; la Comisión Reguladora de Energía (CRE, 1993); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH, 2008); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT, 2013); la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu, 2019).
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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