El “tarifazo” que pone en jaque a los usuarios del transporte público en Nuevo León
La propuesta de incrementar la tarifa del transporte público en Nuevo León a 17 pesos, aprobada por el Consejo Consultivo del Instituto de Movilidad y Accesibilidad con 18 votos a favor y 8 en contra, es un duro golpe a la economía de miles de familias.
A esto se suma la idea de implementar un desliz mensual de 10 centavos hasta agosto de 2026, que, en palabras llanas, representa un incremento constante que pocos podrán ignorar.
Aunque la Junta de Gobierno del Instituto revisará este incremento el próximo 3 de enero, la forma en que se ha manejado el tema genera dudas sobre el compromiso de las autoridades con los usuarios del transporte público.
La sesión del lunes, realizada de forma virtual, y la convocatoria para una nueva reunión que mezcla presencialidad y virtualidad, evidencian una falta de interés por un debate abierto y transparente en un tema que afecta a tantos.
El peso de una decisión apresurada
La elección de estas fechas decembrinas, cuando la atención de la población está dispersa entre festividades y compromisos familiares, levanta sospechas sobre una estrategia para minimizar el escrutinio público. ¿Por qué no esperar a un momento más adecuado, en el que todos los interesados puedan participar de manera plena y deliberada?
Además, el incremento no solo afecta los bolsillos de los ciudadanos, sino que plantea preguntas fundamentales sobre la calidad del servicio. ¿Cómo justificar un aumento si el transporte público sigue siendo ineficiente, insuficiente y en muchos casos inseguro?
La voz de los afectados
El malestar es palpable. Diversas alcaldías, partidos políticos y organismos sociales han expresado su oposición a este incremento. Y con razón: en un estado donde el transporte público es vital para miles de trabajadores, estudiantes y familias, cualquier cambio en las tarifas debe estar respaldado por mejoras tangibles en la calidad y cobertura del servicio.
El transporte público en Nuevo León enfrenta problemas graves, desde la insuficiencia de unidades hasta la falta de rutas que cubran las zonas de expansión urbana. Incrementar las tarifas sin atender estas deficiencias es una falta de respeto a los usuarios que diariamente enfrentan largas esperas, traslados incómodos y la incertidumbre de llegar a tiempo a sus destinos.
¿Y la solución?
Antes de imponer un aumento, las autoridades deben enfocarse en resolver los problemas estructurales del sistema de transporte. Esto incluye mejorar la calidad del servicio, garantizar la seguridad de los usuarios y ofrecer una red eficiente que realmente responda a las necesidades de la población.
Los ciudadanos merecen un transporte público digno, accesible y funcional. Es imperativo que la Junta de Gobierno escuche las voces de quienes se verán afectados y reconsidere este “tarifazo” que, lejos de solucionar problemas, amenaza con profundizar las desigualdades y tensiones sociales.
En una época de reflexión y solidaridad, las autoridades tienen la oportunidad de demostrar que realmente están del lado de la ciudadanía. Pero para ello, deben actuar con responsabilidad, transparencia y sensibilidad ante la realidad de miles de familias que dependen del transporte público cada día.
Feliz Navidad
