El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa aceptó tramitar un juicio de amparo indirecto promovido por el abogado Hernán Genaro Theriot Gutiérrez, quien impugna la prórroga otorgada por el Congreso de Nuevo León a Olga Susana Méndez Arellano como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Theriot Gutiérrez, exaspirante al cargo, argumentó que la prórroga vulnera sus derechos al no haberse emitido una convocatoria pública conforme a los lineamientos constitucionales que rigen el proceso de designación.
En su demanda, presentó recursos de queja, uno simple y otro de incidencia, con el objetivo de defender su derecho a competir por la presidencia de la CEDH.
Sin embargo, el juez Francisco Manuel Rubín de Celis Garza desechó la solicitud de suspensión provisional, la cual buscaba evitar que Méndez Arellano asumiera el cargo el pasado 18 de diciembre. El juzgador determinó que impedir su toma de protesta dejaría en la indefensión a los ciudadanos del estado.
Resolución y plazos
El expediente del caso, identificado con el número 1395/2024, establece que las autoridades demandadas —la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado y el pleno del Poder Legislativo— deberán presentar un informe justificado sobre los actos reclamados en un plazo de 15 días hábiles a partir del 23 de diciembre.
El juez advirtió que, en caso de incumplimiento, se presumirá la veracidad de los actos impugnados y las autoridades podrían ser sancionadas con multas que oscilan entre 10,857 y 108,570 pesos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Amparo.
La audiencia constitucional, en la que se analizará el fondo del asunto, está programada para el 4 de marzo de 2025 a las 11:45 horas.
Contexto de la designación
Méndez Arellano asumió su segundo periodo como presidenta de la CEDH bajo el esquema de “prórroga”, tras ser avalada por el Congreso del Estado con 25 votos a favor, 10 en contra y 7 abstenciones. Su mandato, aprobado el pasado 17 de diciembre, se extenderá hasta el 17 de diciembre de 2028.
Este proceso ha generado controversia, ya que varios sectores han cuestionado la legalidad de la decisión legislativa y exigido mayor transparencia en la selección de este tipo de cargos clave para la defensa de los derechos humanos en el estado.
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