Víctor Flores García
Ciudad de México.- Las organizaciones de la sociedad civil mexicana han tendido la mano a Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta en la historia del país, para dejar atrás un sexenio de constante fricción y desencuentros con su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
“Venimos de seis años de una administración con tintes particulares, cuando se excluyó a las organizaciones de la sociedad civil del proceso de construcción de políticas públicas y careció de agenda ciudadana que tuvo repercusiones”, dijo a la Agencia Sputnik, la directora ejecutiva de Oceana, Renata Terrazas.
Con una carrera que comenzó en 2008, dedicada a transformar el espacio público a través de la sociedad civil, la directiva de la organización internacional que trabaja sin fines de lucro en la conservación de los océanos para recuperar la biodiversidad marina, advierte de las consecuencias negativas de no incorporar la experiencia ciudadana a las políticas de Estado.
“Cuando vivimos en democracia, las distintas visiones enriquecen la toma de decisiones”, señala Terrazas, quien estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma México (UNAM) y en la Universidad de California en Berkeley, las mismas instituciones donde se formó Sheinbaum.
La nueva presidenta, quien asumió en el cargo el pasado 1 de octubre, fue la primera mujer en inscribirse en el doctorado de Ingeniería Energética de la UNAM y su investigación principal la realizó durante cuatro años en el Lawrence Berkeley National Laboratory, institución del Departamento de Energía de EEUU, que es administrado por la Universidad de California.
“Su perfil académico es interesante, porque es mujer y llama la atención como científica, que trae una estructura en su pensamiento distinta a las personas que no vienen de la ciencia, eso en Oceana nos permite interactuar mejor y construir de manera distinta”, dice la dirigente ecologista.
El fundador del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda), solía cuestionar a las organizaciones civiles como falsos ambientalistas o activistas de derechos humanos y los llamaba despectivamente “seudoecologistas” o “seudodefensores” de víctimas.
Sin embargo, su sucesora y correligionaria ha evitado usar esas descalificaciones.
“Hay una visión de país que no se basa en ciencia y es ideológica, hay que darla por sentada, pero las decisiones de política pública se deben tomar con base en evidencias, con objetividad. Ahora se abre con Sheinbaum la posibilidad de poner sobre la mesa datos científicos que ella y su gabinete entienden para (tomar) las mejores decisiones”, responde la entrevistada.
Terrazas reseña que, desde antes de los años 1990, un amplio movimiento ciudadano se ha dedicado a crear información basada en ciencia e investigaciones.
“Ahora se abre la oportunidad para un diálogo con temas concretos, para informar en forma genuina y tomar decisiones acertadas”, apunta.
AGENDA ECOLOGISTA
Sheinbaum fue titular de Medio Ambiente de la capital del país, cuando la urbe era gobernada por López Obrador (2000-2006), y ha formado parte de dos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas en 2007 y 2013.
“Ante nuestras preocupaciones ambientales observamos un cambio en la relación con las organizaciones de la sociedad civil, con mayor apertura: el Gobierno pone sobre la mesa sus prioridades y desde su enfoque ideológico indica dónde podemos converger. Desde los años 1980 a la fecha tenemos cómo y con qué construir la agenda”, sostiene Terrazas.
Sin embargo, estima que los retos actuales son asuntos presupuestarios, porque el gasto público para hacer realidad las políticas públicas actualmente muestra notables recortes en esas cuentas nacionales, denominados “austeridad republicana”.
Existe una importante preocupación sobre la salud de los océanos, que son las metas de la denominada Agenda 30-30, que es un acuerdo mundial para proteger el 30 por ciento de los océanos y la superficie terrestre de la Tierra para el año 2030.
“Una iniciativa importante a la que está abierta Sheinbaum son las metas 30 por 30 de protección de los ecosistemas, que son representativos de la gran biodiversidad que tiene México, con objetivos sociales inclusivos”, celebra Terrazas.
Sin embargo, indica que aunque el espacio marino del país norteamericano tiene el 26 por ciento del territorio oceánico protegido, en las regiones terrestres el avance es apenas alrededor de la mitad y quedan seis años para la fecha acordada en el marco de los Acuerdos de París contra el cambio climático.
En ese terreno, la ambientalista lamenta que en las últimas décadas hubo un abandono al sector pesquero que se profundizó en la anterior administración.
La Comisión Nacional de Pesca sólo se encargó de distribuir un programa social limitado que fue insuficiente ante las enormes necesidades acumuladas en el sector.
Sin embargo, considera positiva la creación de dos nuevas áreas naturales protegidas, con aportes científicos ecologistas de Oceana.
Terrazas lideró el enfoque ambiental para la creación de un área marina protegida más grande del Golfo de México, para salvaguardar los arrecifes de coral Bajos del Norte, que ocupan unos 13.000 kilómetros cuadrados.
Pero advierte de los claroscuros de la política ambiental: “de la mano de las comunidades de pescadores, ahora ponemos sobre la mesa que es importante proteger los ecosistemas de arrecifes coralinos en las costas de la península de Yucatán”, dice la especialista.
El objetivo es crear un oasis para especies marinas amenazadas, pero también lugares de reproducción con interés de las comunidades pesqueras.
“En Oceana vemos buenas señales de que podemos avanzar en el impulso de energías renovables, en la protección ambiental hacia las metas 30 por 30, en las metas sociales y en los objetivos de conservación; estamos mejor con la reconfiguración de los perfiles de funcionarios en el sector pesquero que en los últimos 20 años”, explica.
DDHH PENDIENTES
Por su parte, el coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Edgar Cortez, dijo a la Agencia Sputnik que López Obrador dejó pendientes la gran mayoría de temas en materia de graves violaciones de lesa humanidad.
“La presidenta recibe una larga lista de pendientes en materia de derechos humanos, uno es el caso Ayotzinapa, donde ya sostuvo una primera reunión y los familiares esperan una nueva investigación para no cerrar el caso”, indica el experimentado activista.
En efecto, en el caso emblemático de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela de magisterio de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014, aún no se logran resultados de verdad y justicia.
“Como contrapunto, uno de los grandes pendientes es que no ha habido un gesto o acercamiento al resto de familias de desaparecidos: son 118.000 familias que buscan a personas desaparecidas”, indica el investigador con más de 30 años de acompañamiento de víctimas.
Otro asunto sin resolver son los más de 70.000 restos humanos sin identificar que están en las morgues y servicios forenses del país.
“Es un gran desafío definir cómo encarar ese rezago”, agrega Cortez.
Sheinbaum ha prometido acercarse a las familia de desaparecidos para fortalecer la búsqueda de personas, aún sin concretar, y ofrece un diálogo que no ha sucedido, reseña el especialista.
No obstante, la burocracia en ese terreno ha crecido: se crearon la Comisión Nacional de Búsqueda, la fiscala especializada a nivel federal, y la Comisión de Atención a Víctimas, y fiscalías especializadas en la materia en los 32 estados de la federación mexicana.
“Suman más de 100 instituciones federales estatales en materia de desapariciones, con pocos casos de investigación para llevar ante un juez. Han habido muchas acciones con pocos resultados, en instituciones descoordinadas, sin expedientes, fragmentadas y hasta contrapuestas”, explica el experto del IMDHD.
Otra gran promesa son los derechos de las mujeres, a pesar de las reformas de igualdad sustantiva recientemente aprobadas en el Congreso.
“El problema es cómo se implementan esas reformas para garantizar que se generen mecanismos que combatan la violencia contra las mujeres en forma efectiva”, sostiene el defensor de derechos humanos.
Cortez plantea que se deben judicializar los casos de violencia doméstica, feminicidio y violencia sexual para que se concrete su castigo.
JUSTICIA Y SEGURIDAD PENDIENTES
Cortez lamenta que hasta la fecha se desconoce una propuesta para reformar las fiscalías en el país, y los efectos inciertos de una reforma constitucional al Poder Judicial, para elegir por voto popular a jueces y magistrados de los tribunales, con riesgos para la independencia judicial.
“La reforma al Poder Judicial no va a mejorar la administración de la justicia, porque el gran problema está en las fiscalías y las policías de investigación”, indica el experto.
Agrega que otra reforma para otorgar facultades de investigación a la Guardia Nacional -integrada en su gran mayoría por militares- y a la policía preventiva, “no está claro cómo se aplicará sin cometer abusos”.
Otra gran preocupación de las organizaciones defensoras de derechos humanos es recuperar y reconstruir la seguridad en territorios del país bajo control de grupos criminales locales.
“Además de los cárteles del crimen organizado, que cometen robo de combustible, trata de personas, tráfico de migrantes, y contrabando, hay muchas regiones donde las personas viven en permanente zozobra”, señala Cortez.
El experto que dirigió el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” de la Compañía de Jesús, considera que el Gobierno necesita comenzar a ofrecer resultados.
“Una nueva política de seguridad debe fortalecer las policías, usar la inteligencia y coordinación, pero el tema es que se ejecute y se consoliden los procesos, que necesitan tiempo y trabajo, de lo contrario siempre será la historia del gato y el ratón, o apagar incendios sin articular una estrategia”, apunta.
La expectativa de las personas defensoras de víctimas es que se abran vías de comunicación del Gobierno con la sociedad civil, en el entendido de que “no reemplazamos a las víctimas”.
“Nuestro trabajo consiste en reunir evidencia mediante el seguimiento de los problemas y partir de ese análisis plantear alternativas viables y concretas de soluciones, que necesita un diálogo, para escucharnos y escuchar”, sostiene.
Define al extenso movimiento plural de la sociedad civil como “un actor social entre muchos más, con un aporte especializado, técnico, con generación de información y planteamiento de alternativas”.
Aparte de la interlocución con las autoridades, la legitimidad de esa experiencia social procede “del acompañamiento de las víctimas, que genera informaciones sobre la dinámica de la violencia en las regiones”, puntualizó.
El 2025 será clave para la redefinición de ese diálogo con la sociedad civil en el mandato de Sheinbaum, que se extenderá hasta 2030. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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