Víctor Flores García
Ciudad de de México.- Una reforma constitucional al Poder Judicial en México, inédita en el mundo, abre las puertas en 2025 a la elección de todos los tribunales federales por voto popular, para construir una nueva procuración de justicia, objetada por jueces y magistrados, pero respaldada por el oficialismo en el Congreso y la Presidencia.
“Se dice que estamos en una crisis constitucional vigente, porque se han activado medios de defensa con la visión de protección de los derechos de las personas juzgadoras por la Reforma Judicial”, dijo en entrevista con la Agencia Sputnik la directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública, magistrada Taissia Cruz Parcero.
Numerosos juicios de amparo fueron abiertos por trabajadores del Poder Judicial que han generado suspensiones emitidas por jueces, para frenar la aplicación de los cambios a la carta magna que genera la abolición de la carrera judicial, y el despido masivo de más de 1.780 personas juzgadoras federales.
Mediante esos procesos “la suspensión de la reforma en perjuicio de los derechos del personal del Poder Judicial actualiza una crisis constitucional, porque no está siendo cumplidas las decisiones judiciales, ni por el Legislativo ni por el Ejecutivo”, explica la autora del libro “El Juicio de Amparo en Defensa del Proceso Penal Acusatorio”, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La comisionada del instituto, designada por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, advierte que si los procesos judiciales no alcanzan a ser resueltos, se puede “llegar a un escenario en donde los nuevos jueces elegidos no quieran pelearse, y los juicios sean desistidos, sin independencia, ni imparcialidad, ni objetividad”.
Al ser sobreseído un juicio en el que solicita la protección de juez, el camino que queda es el de la defensa internacional, en instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), o en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la corte regional respectiva.
“No hemos encontrado un solo pronunciamiento del sistema universal de la o interamericano que vea de buena manera o como buena la política pública de esta reforma”, indica la entrevistada.
La responsable de la entidad que ofrece representación jurídica y asesoría en los ámbitos penal, administrativo, fiscal, civil, laboral, familiar, mercantil, indica que “las expectativas de defensa están más a nivel internacional, pero los mecanismo de amparo se activan”.
ELECCIÓN COMPLICADA
La elección abierta de todo el Poder Judicial federal, y de las instancias judiciales de los 32 estados de la federación mexicana y la capital -la mitad en 2025 y la otra en 2027-, fue impulsada con el argumento de acabar con la corrupción, el nepotismo y los privilegios de los jueces.
El dictamen promulgado establece que el procedimiento será “mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, y por medio del sufragio universal, libre, secreto y directo”.
El Senado seleccionó mediante una tómbola a 850 juzgadores que estarán sujetos a elección popular en la primera parte de la elección de jueces, en junio del año próximo, la mitad de los más de 1.700 jueces que serán destituidos y reemplazados mediante voto popular, y la otra mitad se elegirá en 2027.
La Junta de Jueces y Juezas Federales, gremio de juzgadores, condenó el sorteo y lo calificó de “humillante y sin sustento legal”.
La autora del ensayo “Juzgar con Perspectiva de Género”, publicado en el libro “Seis Voces sobre Justicia y Género en el Poder Judicial de la Federación”, sobre los derechos de las personas presas, en la etapa de ejecución, dijo a esta agencia que serán complicados los comicios judiciales de 2025, nunca antes realizados en el país.
“Será una etapa de campaña complicada, porque está prohibido el financiamiento público y privado, es difícil pensar en hacer campaña y promover que las personas postuladas se promuevan sin recursos”, hacia la elección en junio próximo.
Comités de selección de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) evaluarán a las personas que estarán en la boleta electoral, con base en los perfiles de las personas que se inscribieron.
“Más allá de las complejidades técnicas de una elección de esa magnitud, vendrá a partir del 1 de septiembre el abandono de su función de la mitad de las personas juzgadoras, que tienen que dejar sus cargos en 2025”, explica Cruz Parcero.
Y a partir del 15 de septiembre, ocurrirá la incorporación de las personas elegidas.
Aún se desconoce cuántas personas juzgadoras actuales van a registrarse en esos procesos electorales, pero no es un escenario favorable para el Poder Judicial.
“Aunque sean el 50 por ciento de los 850 nuevos jueces, es una función tan compleja que demanda mucha preparación previa, habilidades que se adquieren en la práctica cotidiana, y los elegidos no la van a tener”, anticipa la funcionaria federal.
El escenario puede presentar impredecibles retrasos procesales inherentes a la incorporación de las nuevas personas juzgadoras.
“Si gana la elección una persona preparada de buena fe, que quiere cumplir bien con la función jurisdiccional, sin intereses políticos ni recomendada por el crimen organizado, que viene de fuera del sistema judicial, tendrá una gran carga de trabajo”, anticipa la magistrada.
En los tribunales, los elegidos encontrarán expedientes de 30 a 60 tomos, con personas que no están en su ciudad y deben conocer casos con muchas “complejidades jurídicas inconmensurables”.
Por ejemplo, en los juicios orales puede ocurrir un colapso derivado de un derecho constitucional establecido en el Código de Procedimientos Penales: esos juicios orales no se pueden interrumpir, sin cambio de personas juzgadoras, porque se anula.
“En ese caso, el proceso tiene que volver a empezar la audiencia de juicio, los testigos y pruebas, con costos económicos y tiempo para el proceso penal, para construir elementos probatorios y amparos”, explica la jurista.
Además, el cambio de esa magnitud del sistema judicial tendrá un alto costo para la libertad de las personas en todos los órganos jurisdiccionales, en juzgados donde en algunos casos hay 500 o 1.000 juicios de amparo en marcha.
“No hay un solo juzgado fácil, hay una carga de procesos judiciales, porque no hay balance en los casos que ingresan y los que se desahogan, es un número que puede ser muy alto”, estima la magistrada.
Las preocupaciones de la Defensoría Pública Federal es “que se pierda toda la experticia acumulada en la resolución de casos”, lo que complica el dictado de sentencias por su complejidad jurídica y el número de personas que participan en los asuntos judiciales.
Además, hay temáticas judiciales novedosas, porque no todo los escenarios están explorados.
“No todos los asuntos tienen jurisprudencia (antecedentes jurídicos), hay casos que requieren investigación importante”, evalúa Cruz Parcero.
Aun cuando las personas elegidas tengan herramientas, con seriedad y responsabilidad, lo qué va a suceder con la mayoría de personas que ganen la elección es una apuesta incierta.
“Teníamos una judicatura muy profesionalizada, todos los cargos tenían obligación de capacitaciones”, sostiene.
En principio, había una edad mínima de años de edad para aspirar al cargo de juez de distrito, cinco años más en cargos de carrera judicial, y cinco años desempeñándose en órganos jurisdiccionales.
La entrevistada se desempeñó ocho años como jueza, tiene una carrera de 31 años en el Poder Judicial y 18 años al frente de la Defensoría Pública.
En cambio, los requisitos para participar en las elecciones de jueces son: promedio mínimo de ocho en la licenciatura de Derecho, cinco años de experiencia laboral, carta bajo protesta de buena reputación, ensayo de tres cuartillas de postulación y cinco cartas de referencia de vecinos o colegas.
Finalmente, con los llamados “jueces sin rostro”, establecidos en la reforma constitucional, se introduce la posibilidad de reservar la identidad en proceso sobre delitos de delincuencia organizada.
REACCIONES EN EL MUNDO
La elección de todo el poder judicial es inédita en el mundo, y es más amplia que la de Bolivia, donde se eligen por voto popular sólo los más altos tribunales: la Corte Suprema, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y su Tribunal Constitucional.
En cambio, México elegirá, además del máximo tribunal de justicia, la Corte Electoral federal, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, y sus tribunales colegiados en todos los distritos de las 32 entidades de la federación.
Por ejemplo, EEUU elige por voto popular únicamente a jueces locales en los estados de la unión, pero ningún togado de los tribunales federales se somete al voto popular, menos la Suprema Corte.
La relatora de la ONU sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite, señaló ante una audiencia de la CIDH en noviembre pasado, la importancia de “evitar la elección de personas juzgadoras por intereses o motivos ajenos a la capacidad, integridad e independencia para juzgar”.
El 9 de diciembre, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk, expresó en Ginebra su preocupación por la reforma constitucional.
“Sigo preocupado por la reforma judicial -lo he dejado muy claro-, porque tememos que algunas de las disposiciones que existen actualmente corren el riesgo de socavar seriamente la independencia del poder judicial, pero también su capacidad para defender eficazmente el Estado de derecho”, dijo Türk en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza.
El Alto Comisionado hizo su primer cuestionamiento el pasado 22 de noviembre sobre otros aspectos de las reformas constitucionales que se están discutiendo actualmente en México, que son aprobadas por el Congreso y promulgadas por el anterior jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, el 15 de septiembre pasado, dos semanas antes de la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“He pedido a los responsables de la toma de decisiones que aseguren la independencia del Poder Judicial y que garanticen que las personas candidatas que se presenten sean personas íntegras e idóneas, con la formación y las cualificaciones adecuadas”, dijo Türk ante la prensa.
El comisionado de la CIDH, Carlos Bernal, dijo en una audiencia en Washington que “la reforma es un ejemplo de constitucionalismo abusivo (…), donde un Gobierno que arrasa en las urnas en todos los cargos de elección popular, es un poco sospechoso que también quiera que sean de elección popular los jueces”.
EEUU señala que respeta la soberanía de México, pero entiende que la elección de jueces por voto popular no aborda el tema de la corrupción, dijo el martes el representante de Washington en el país latinoamericano, Ken Salazar.
“Nos preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el poder judicial del Gobierno de México”, dijo en una nota diplomática publicada.
La apuesta del oficialismo, en cambio, sentar un precedente mundial. (Sputnik)
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