Quito.- Bajo la lluvia del invierno, con tambores y cánticos interpretados por mujeres afroecuatorianas se desarrolló el lunes un plantón frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) ecuatoriano para exigir al Gobierno que halle a los cuatro niños desaparecidos desde el pasado día 8 de diciembre en la ciudad de Guayaquil, tras ser capturados por militares.
“Ay los niños tienen que aparecer, que hace 21 días los estoy buscando, tienen que aparecer”, coreaban las cantantes rodeadas de una multitud con sombrillas y carteles.
Los manifestantes piden respuestas al Estado por la “desaparición forzada” de cuatro menores, quienes fueron subidos a una patrulla de agentes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y llevados a más de 40 kilómetros de su ciudad de residencia, sin que se conozca su paradero.
Saúl Arboleda (15 años), Steven Medina (11 años), y los hermanos Josué (14 años) e Ismael Arroyo (15 años) fueron a jugar al fútbol cuando fueron capturados por 16 militares en las afueras de un centro comercial.
El hecho ocurre en un contexto de estado de excepción y conflicto armado interno, decretado a inicios de enero de 2024 para combatir a grupos delincuenciales organizados.
El caso ha suscitado interés de organismos internacionales que han expresado su preocupación por este caso y en general por las garantías para los derechos humanos en este país andino, como la oficina de la ONU Derechos Humanos para América del Sur (Acnudh) y la oficina regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para América Latina y el Caribe y el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.
El lunes, más de 40 organizaciones defensoras de los derechos humanos en Ecuador responsabilizaron al presidente, Daniel Noboa, por las “graves violaciones” a los derechos humanos registradas en el país desde enero pasado.
En la misiva se establece que la persistente declaratoria de un conflicto armado no internacional, rechazada en múltiples ocasiones por la Corte Constitucional, ha convertido la militarización de la seguridad ciudadana en una política de Estado y ello ha desvirtuado la misión institucional de las Fuerzas Armadas e instaurado un clima de terror contra la ciudadanía.
Según el documento, existen violaciones a los derechos humanos en el país, como tortura, ejecuciones extrajudiciales y malos tratos, luego de la medida adoptada por el Gobierno para enfrentar una ola delincuencial.
En el texto se afirma que en este contexto de militarización y de grave riesgo para la vida y la integridad de las y los habitantes del Ecuador, se han denunciado graves violaciones de derechos humanos y en particular critica la movilización de los militares al considerar que han sido formadas para combatir al “enemigo” y no a la ciudadanía, hecho que pone en grave riesgo los derechos humanos fundamentales.
Según el documento, este no sería el único caso de desaparición forzada, debido a que en los últimos tres meses se reportaron hechos similares relacionados con operativos realizados por las Fuerzas Armadas en la región de la costa.
Entre las víctimas en este contexto se menciona a Oswaldo Mauricio Morales Santana, de 23 años; Justin Elian Álvarez Chávez, de 17 años; Dave Robin Loor Roca, de 20 años; Dalton Oswaldo Ruiz Tapia, de 35 años; Maicol Jeampier Castañeda Solís, de 16 años; Jairo Damián Tapia Álvarez, de 16 años; Kleiner Pisco de 15 años, Carlos Pisco de 17 años y Miguel Morán, de 21 años.
Las organizaciones exigieron al Gobierno que todos los casos de violaciones a Derechos Humanos ocurridos en 2024 sean investigados y demandaron a la Fiscalía y a los organismos de la administración de justicia a que realicen las pesquisas pertinentes para establecer las responsabilidades correspondientes en todos los casos. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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