El transporte público en Nuevo León enfrenta una encrucijada crítica
Un posible aumento en la tarifa, que podría elevarse de 15 a 17 pesos en un esquema gradual de deslizamiento. Esta medida se discutirá en una sesión de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) este 3 de enero, pero más allá de la cifra, lo que está en juego es la calidad de un servicio que ya es deficiente para miles de usuarios a diario.
Es comprensible que, en un contexto de inflación y presiones económicas, se plantee la posibilidad de un ajuste tarifario. Sin embargo, el debate no puede reducirse únicamente a una cuestión de números. Aumentar las tarifas del transporte público en un sistema que no cumple con las mínimas expectativas de los ciudadanos es, por lo menos, irresponsable.
En ciudades con una infraestructura robusta y de calidad, un aumento de tarifas podría ser aceptable si se traduce en un servicio más eficiente y moderno. No es el caso de Nuevo León, donde la realidad diaria del transporte público incluye unidades obsoletas, rutas mal diseñadas, esperas interminables y, en muchas ocasiones, una total falta de accesibilidad para personas con discapacidad.
Además, el aumento en la tarifa también llega cuando la oferta de transporte alternativo como bicicletas y vehículos particulares sigue siendo inaccesible para una parte considerable de la población.
La queja de los usuarios no se limita a la falta de unidades, sino también a la seguridad y al respeto que debe existir hacia ellos como consumidores de un servicio esencial. El IMA, como organismo encargado de la movilidad estatal, no puede seguir evadiendo su responsabilidad de modernizar y garantizar un servicio que cumpla con las expectativas mínimas de calidad.
Es crucial que el debate sobre el aumento no se centre solo en la conveniencia económica de los operadores, sino en las necesidades reales de la ciudadanía. La transparencia en los procesos y la participación activa de los colectivos ciudadanos, como los de Ciudadanos Desconocidos y Legalidad y Justicia, son fundamentales para garantizar que la decisión final tenga en cuenta las verdaderas demandas de la población.
Por otro lado, el desarrollo de una aplicación para monitorear tarifas es una propuesta interesante, pero carece de valor si no va acompañada de un plan concreto para mejorar la calidad del servicio. Los usuarios de transporte público merecen más que información en tiempo real sobre las tarifas; requieren un sistema más eficiente, más seguro, y más accesible.
La Junta de Gobierno tiene la oportunidad de revalorar esta situación y considerar alternativas que no solo eviten un aumento que no es justificado por la calidad del servicio, sino que también promuevan una reforma integral del sistema de transporte público en Nuevo León.
No basta con aumentar tarifas; es imprescindible mejorar la calidad de vida de aquellos que dependen del transporte público a diario.
