El Gobierno del Estado de Nuevo León ha decidido avanzar con el polémico aumento en las tarifas del transporte público, a pesar de las múltiples protestas y el clamor ciudadano por frenar la medida. Publicado este domingo en el Periódico Oficial del Estado, el incremento representa un duro golpe para las millas de familias que dependen de este servicio esencial en su día a día.
A partir de esta semana, el costo del pasaje en transporte público pasará de 15 a 17 pesos, cifra aprobada el pasado viernes por la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA). Este ajuste, sin embargo, no será el último: la nueva política tarifaria establece incrementos mensuales de 10 centavos, que llevarán el costo a niveles sin precedentes para agosto de 2026.
Un aumento que no perdona a los más vulnerables
El ajuste no se limita a las tarifas generales. Los adultos mayores, estudiantes y otros grupos vulnerables, que hasta ahora pagaban 9.61 pesos, también verán afectada su economía. La tarifa preferencial subirá de manera gradual hasta alcanzar los 10 pesos en mayo de 2025, siguiendo el esquema de graduales mensuales.
Además, el acuerdo incluye un sistema de tarifa integrado para quienes realicen transbordos en un plazo de 100 minutos entre diferentes rutas. Aunque el primer transbordo contará con un descuento del 50 %, los siguientes serán gratuitos. Sin embargo, el beneficio solo será accesible mediante los medios de pago electrónicos aprobados, como las tarjetas “Me Muevo” o “MIA” y los códigos QR generados por aplicaciones móviles.
El sentir de una población agobiada
La decisión ha provocado una ola de indignación entre los usuarios, quienes denuncian que el incremento llega en un momento en el que la inflación y el estancamiento salarial ya complican la economía familiar.
“Este aumento es una falta de respeto. El transporte público es un servicio básico, pero lo están convirtiendo en un lujo. ¿Cómo esperan que las personas con salarios mínimos puedan costearlo?”, cuestionó Rosa Méndez, una ama de casa de Apodaca.
En redes sociales, los ciudadanos también expresaron su frustración. “No hay mejoras en las unidades, los tiempos de espera son eternos y aún así nos suben la tarifa. Esto es un atropello”, señaló Jesús García, un estudiante universitario.
Defensa oficial: sustentabilidad a costa de los usuarios
Por su parte, el Gobierno del Estado y el Instituto de Movilidad justifican la medida como un paso necesario para garantizar la sustentabilidad financiera del sistema y mejorar la calidad del servicio. Sin embargo, muchos ciudadanos dudan de que el aumento se traduzca en beneficios tangibles, dado el historial de deficiencias en el transporte público del estado.
Expertos en movilidad han advertido que esta medida podría generar un efecto adverso, alejando a los usuarios del transporte público en favor de alternativas menos económicas pero más confiables, como el uso de automóviles particulares.
Una herida abierta en la sociedad neoleonesa
El tarifazo, que marca el primer incremento en más de 11 años, ha encendido el descontento popular. Organizaciones sociales y colectivos ciudadanos ya están planeando movilizaciones para exigir la revocación de la medida y proponer alternativas más justas.
Mientras tanto, la realidad para millas de usuarios del transporte público en Nuevo León es clara: el costo de desplazarse será cada vez más alto, en un sistema que muchos consideran ineficiente y desactualizado. Para una población castigada por los efectos económicos de la pandemia y la inflación, esta nueva carga no hace más que agudizar una herida que parece lejos de sanar.
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