El reciente llamado de los diputados del PAN para iniciar un juicio político y la destitución del director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán Villarreal, pone en evidencia la creciente frustración ciudadana ante las irregularidades en el manejo del servicio de agua potable en Nuevo León. Este episodio no solo refleja un problema administrativo, sino también un desafío mayor de gobernabilidad y responsabilidad en una de las áreas más sensibles para los ciudadanos.
Los señalamientos de cobros injustificados y conceptos inexistentes en los recibos de Agua y Drenaje son alarmantes. Tal como expresó la diputada Myrna Grimaldo, estas prácticas no solo afectan directamente el bolsillo de los regiomontanos, sino que podrían constituir un delito de concusión, tipificado en el Código Penal del Estado. Si bien las crisis hídricas suelen traer consigo medidas extraordinarias, es inaceptable que se usen como pretexto para justificar abusos que vulneran los derechos de los usuarios.
La dependencia no puede excusarse en la falta de recursos o en problemas estructurales heredados. En su lugar, debe adoptar prácticas transparentes, eficientes y centradas en el bienestar de la población. La gestión de algo tan vital como el agua exige un liderazgo que priorice la confianza y la rendición de cuentas.
Paralelamente, el coordinador de la bancada panista, Carlos de la Fuente, señaló la profunda crisis de movilidad que enfrenta Nuevo León. El incremento en las tarifas del transporte público, sumado a la falta de alternativas accesibles y eficientes, ha convertido a la entidad en un referente negativo en este ámbito. Estas decisiones impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, quienes enfrentan mayores costos sin mejoras tangibles en el servicio.
La crítica hacia el Gobernador, Samuel García, por no involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones es válida. Gobernar no puede ser un ejercicio unilateral, y menos aún cuando se trata de asuntos que afectan de manera tan directa a millones de personas. La falta de una visión integral y participativa solo ahonda los problemas y genera un descontento que se refleja en las calles y en el discurso político.
Las acusaciones de “cajas chinas” y rencillas políticas entre el PAN y el Ejecutivo estatal son un síntoma de una polarización que poco abona a la resolución de los problemas. En lugar de atender las verdaderas necesidades de la población, los actores políticos parecen más interesados en mantener una guerra de declaraciones que en construir soluciones.
El veto al aumento del impuesto predial en Monterrey, calificado por De la Fuente como un “berrinche” del Gobernador, es otro ejemplo de cómo los conflictos políticos terminan por desplazar el enfoque en las prioridades ciudadanas. Más allá de las diferencias ideológicas, es imperativo que los distintos niveles de gobierno encuentren mecanismos de diálogo y colaboración para enfrentar los retos que afectan a todos los regiomontanos por igual.
Nuevo León enfrenta una encrucijada. La crisis hídrica, la movilidad ineficiente y la tensión política son desafíos que requieren liderazgo, empatía y un enfoque basado en resultados. El juicio político contra el director de Agua y Drenaje, si procede, debe ser un proceso transparente y fundamentado en evidencia sólida, no un ejercicio de revancha partidista.
De igual forma, es indispensable que los legisladores, el Ejecutivo y los municipios trabajen en conjunto para implementar soluciones sostenibles y realistas. La ciudadanía no puede seguir siendo rehén de disputas políticas ni pagar el costo de una gestión deficiente.
En este momento crítico, el compromiso con el bienestar colectivo debe estar por encima de cualquier interés particular. Solo así Nuevo León podrá recuperar la confianza de su gente y avanzar hacia un futuro más próspero y justo, se estableció.
Por: Diego Ovalle-eitmedia.mx
