El reciente aumento en las tarifas del transporte público en Nuevo León ha desatado una fuerte crítica por parte de los senadores Waldo Fernández y Judith Díaz, quienes consideran que esta medida afecta gravemente a las familias, la movilidad y la competitividad del estado. Ante esta situación, los legisladores han impulsado propuestas concretas para frenar el impacto de esta decisión y prevenir abusos en el futuro.
Ambos senadores han señalado que el incremento tarifario es una estrategia meramente recaudatoria que carece de un enfoque integral para resolver la crisis de movilidad en Nuevo León. En respuesta, presentaron una iniciativa de reforma al Artículo 67 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de garantizar lineamientos claros, transparentes y equitativos para cualquier ajuste en las tarifas de transporte público.
La propuesta legislativa incluye medidas clave como:
- Prohibir aumentos abruptos y desproporcionados que superen la inflación.
- Establecer incrementos graduales y calendarizados para minimizar el impacto económico en los hogares.
- Realizar inspecciones exhaustivas a las unidades de transporte para garantizar condiciones dignas, seguridad y calidad del servicio.
- Transparentar los estudios técnicos y económicos que sustenten cualquier incremento, asegurando que sean accesibles al público.
- Implementar subsidios específicos para sectores vulnerables, como las personas de la tercera edad.
Adicionalmente, los legisladores presentaron un Punto de Acuerdo para exigir al gobierno estatal que reconsidere el aumento tarifario y justifique públicamente esta decisión con estudios técnicos claros. También solicitaron informes detallados sobre el estado del transporte público, incluidas las condiciones de las unidades, rutas operativas y avances en proyectos estratégicos como el corredor ferroviario García-Aeropuerto.
Fernández y Díaz han expresado su preocupación por la falta de equidad en las tarifas, destacando que las rutas fuera del sistema estatal mantienen un costo de 12 pesos, mientras las integradas al sistema suben a 15 pesos y alcanzarán los 17. Esto, según los senadores, evidencia un enfoque más orientado a recaudar fondos que a mejorar el servicio.
La crítica central de ambos legisladores radica en la ausencia de un sustento técnico y en el impacto negativo de estas decisiones sobre las familias trabajadoras. “No podemos permitir que el transporte público siga siendo un área de opacidad y abuso, afectando a quienes más dependen de él para sus actividades diarias”, aseguró Judith Díaz.
Por su parte, Waldo Fernández enfatizó que el transporte público debe ser una herramienta para el desarrollo, no una carga adicional para los ciudadanos. Ambos senadores reiteraron su compromiso de trabajar para establecer un transporte público justo, accesible y de calidad, dejando claro que no cesarán en su lucha por proteger los derechos de los nuevoleoneses y exigir transparencia en la gestión pública.
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