En un movimiento que refuerza su compromiso con la estabilidad económica de los ciudadanos, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, ha ejercido su derecho constitucional al vetar el controvertido incremento del 30% en el impuesto predial propuesto por el Gobierno de Monterrey.
Este martes 8 de enero, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, Ulises Carlin de la Fuente, formalizó la entrega del decreto de veto al Congreso del Estado, destacando la naturaleza excesiva e injustificada de la medida.
Un aumento desproporcionado que amenaza la economía familiar
El aumento del impuesto predial, presentado inicialmente como un 30%, fue rápidamente calificado por García como un “atraco” a las familias regiomontanas. Este incremento, según el gobernador, no solo es desproporcionado sino que, en algunas zonas vulnerables, alcanza niveles insostenibles. Por ejemplo, en la colonia Los Nogales, el predial saltaría de 150 pesos en 2024 a 3,000 pesos en 2025, representando un incremento del 1,500%. Este tipo de medidas impositivas no solo agravan la carga económica de los hogares, sino que también socavan la confianza de los ciudadanos en sus autoridades locales.
Ulises Carlin de la Fuente explicó que el veto se fundamenta en una revisión detallada de los decretos 005 y 042, relacionados con los valores catastrales y el presupuesto de ingresos del municipio. La decisión de García no se basa en afinidades políticas, sino en un análisis objetivo que prioriza el bienestar de la ciudadanía. “Esto no es cuestión de colores ni de partidos, sino de responsabilidad fiscal y de proteger a las familias de Monterrey de cargas impositivas desmedidas”, afirmó Carlin de la Fuente.
El veto no solo detiene una medida fiscal adversa, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de una gobernanza equilibrada y sensible a las realidades económicas de los ciudadanos. García enfatizó que su administración no incluye en su paquete fiscal propuestas para aumentar o crear nuevos impuestos, reflejando una postura de apoyo a una economía local resiliente en tiempos de incertidumbre económica tanto a nivel nacional como internacional.
El gobernador hizo un llamado al Congreso del Estado para que considere las observaciones presentadas en el decreto y trabaje en conjunto para encontrar soluciones fiscales que no perjudiquen a las familias. Este veto abre la puerta a un diálogo constructivo entre las autoridades municipales y estatales, buscando estrategias que equilibren las necesidades de financiamiento con la capacidad económica de los contribuyentes.
La decisión de vetar el aumento del impuesto predial refleja una administración que prioriza la justicia fiscal y la protección de los ciudadanos frente a decisiones arbitrarias que podrían exacerbar las desigualdades económicas. Este acto de responsabilidad no solo alivia la carga inmediata sobre las familias regiomontanas, sino que también sienta un precedente para futuras políticas fiscales en la región.
En un contexto donde la confianza en las instituciones es crucial, acciones como esta son fundamentales para reconstruir y fortalecer el vínculo entre el gobierno y la ciudadanía. Es imperativo que tanto las autoridades locales como estatales continúen trabajando de manera transparente y colaborativa, asegurando que las políticas públicas beneficien a todos los sectores de la sociedad sin imponer cargas insostenibles.
Con este veto, Samuel García reafirma su compromiso con una gestión fiscal responsable y equitativa, estableciendo un estándar para la gobernanza en Nuevo León que prioriza el bienestar de sus habitantes sobre intereses recaudatorios desmedidos.
Por: Diego Ovalle-eitmedia.mx
