Sandra Pámanes, vicecoordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, pidió que Olga Susana Méndez deje el cargo como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), argumentando que su nombramiento violó normas constitucionales y legales.
La legisladora señaló que el proceso de ratificación de Méndez incumplió con lo estipulado en la Constitución Política local y en la Ley que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por esta razón, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió un amparo que anula la designación.
“Es evidente que no existe un fundamento legal para que la actual presidenta continúe en el cargo. Todo acto que realice carece de validez jurídica al haber sido designada de manera irregular”, declaró Pámanes.
Incumplimientos legales
Pámanes destacó que el nombramiento de Méndez no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 161 de la Constitución local ni en el artículo 11 de la ley que regula la CEDH. Ambos ordenan que la elección del presidente de la Comisión debe realizarse mediante una consulta pública transparente y ser aprobada por al menos dos terceras partes del Congreso, previa convocatoria abierta a la sociedad civil.
“No se emitió una convocatoria ni se realizó una consulta pública, lo que deja en evidencia que el proceso fue viciado desde el inicio”, agregó.
Propuesta de solución
Ante esta situación, Pámanes planteó que el Congreso debe reponer el procedimiento y, mientras tanto, el Primer Visitador de la CEDH debería asumir la presidencia de forma interina.
“Es necesario que la Comisión correspondiente en el Congreso abra una nueva convocatoria y garantice un proceso legítimo para designar al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, concluyó.
La exigencia de la legisladora emecista subraya la importancia de garantizar transparencia y apego a la ley en las instituciones públicas, especialmente en aquellas dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
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