El municipio de San Pedro Garza García recibió reconocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) por aceptar la Recomendación 5/2023, relacionada con violaciones a derechos humanos ocurridas durante la administración pasada.
La recomendación surgió tras documentarse actos que vulneraron derechos fundamentales, como la colocación indebida de lonas que afectaron la inviolabilidad de un domicilio y los derechos a la privacidad y honra de las víctimas. Estos hechos, atribuidos a la administración encabezada por Miguel Bernardo Treviño de Hoyos (2021-2024), fueron calificados como contrarios a los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Aunque la administración anterior rechazó en su momento la recomendación, la actual gestión, liderada por el alcalde Mauricio Fernández, reconsideró la postura y decidió aceptar en su totalidad los términos propuestos por la CEDHNL. Esta decisión incluye medidas como una disculpa pública, cambios normativos y la capacitación de servidores públicos en materia de derechos humanos, compromisos ya solicitados por el municipio al organismo.
Susana Méndez Arellano, presidenta de la CEDHNL, calificó este paso como un acto positivo que refuerza la colaboración institucional y el compromiso del municipio con la protección de los derechos humanos. “Es fundamental reconocer a las administraciones que priorizan la reparación de las víctimas y el respeto a las resoluciones de los organismos autónomos. Esta acción de San Pedro sienta un precedente importante para otras entidades públicas”, señaló Méndez Arellano.
La CEDHNL seguirá monitoreando el cumplimiento de las medidas estipuladas para garantizar que las víctimas reciban la reparación integral a la que tienen derecho. Con esta decisión, San Pedro Garza García reafirma su compromiso con la justicia, el respeto a la legalidad y el fortalecimiento de una administración pública basada en los derechos humanos.
Este caso subraya la importancia de que las autoridades no solo actúen en congruencia con los principios de legalidad, sino que también adopten una postura proactiva para atender las resoluciones que buscan proteger a las personas afectadas por acciones indebidas del pasado.
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