Ciudad de México.- El Comité de Evaluación de aspirantes a candidaturas del Poder Judicial, encargado de seleccionar a los postulantes para las elecciones de jueces y magistrados federales por voto popular en julio de 2025, suspendió el proceso, rechazó una orden del Tribunal Electoral para reanudarlo y apeló el jueves a la Suprema Corte para que resuelva la controversia.
“Tenemos dos resoluciones contradictorias de dos órganos jurisdiccionales totalmente distintos: uno por la vía de amparo (para suspender el proceso) y otro por la vía electoral (para reanudarlo), igualmente válidas y vigentes. Lo que hemos determinado en el Comité es solicitar a la Suprema Corte para que dirima esta controversia de competencias”, dijo la magistrada María Emilia Molina, integrante del Comité de Evaluación de aspirantes.
El máximo tribunal deberá decidir si el Comité puede reanudar la selección de candidaturas o sigue acatando las suspensiones por órdenes judiciales vigentes.
“Hoy nos notificaron la resolución del Tribunal Electoral, pero esa resolución no se pronuncia respecto de las dos resoluciones de los jueces de distrito que nos ordenaron suspender el proceso, y que acatamos el día pasado, que fueron dictadas en juicios de amparo”, explicó la magistrada en entrevista con el noticiario Radio Fórmula.
La Corte Suprema tendrá que determinar cuál es la autoridad que tiene que acatar dicho Comité, pues una instancia es del terreno judicial (amparo) y otra del electoral.
En las inéditas elecciones por voto popular de los jueces y magistrados, que se realizarán en dos partes en 2025 y 2027, los tres poderes del Estado mexicano (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) presentarán candidaturas.
LA CONTRADICCIÓN
El fallo del Tribunal Electoral no resuelve dos amparos otorgados por jueces federales de distrito, quienes ordenaron suspender el proceso de selección para evitar que se violen los derechos humanos de los que están inconformes con la elección, establecida en una reforma constitucional.
“Estamos en espera de lo que resuelva la Corte Suprema, si admite o no la solicitud, que será el primer paso, y si lo resuelve, en qué sentido lo hace”, explicó la magistrada.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial ordenó la víspera al Comité Evaluador reactivar en 24 horas su proceso de selección de candidatos a juzgadores, con tres votos a favor y dos en contra.
Ese tribunal encargado de temas electorales federales estima que los jueces de distrito se extralimitan en sus funciones al invadir sus competencias y ordenar a los Comités de Evaluación de los tres poderes la suspensión de sus actividades.
“No dictamos nosotros, no ordenamos suspender lo que nos tocaba del proceso electoral, sino que acatamos órdenes judiciales vigentes, en este momento todavía válidas, porque ningún superior jerárquico en materia de amparo se ha pronunciado sobre la validez de las mismas”, explicó la magistrada Molina.
En otros juicios en materia comicial para protección de derechos políticos electorales, se dictó el fallo por parte del Tribunal Electoral de continuar el proceso.
“No todos los tribunales pueden resolver sobre todos los asuntos: hay, por ejemplo, algunos jueces que pueden resolver sobre cuestiones penales y sobre cuestiones familiares, que es algo más común para la sociedad”, explicó Molina.
Si un juez ordena una cosa y otro de competencia diferente dictamina algo distinto, “no se pueden cumplir las dos órdenes al mismo tiempo, precisamente porque si se acata una se desobedece la otra”, enfatizó.
En este caso hay dos materias diferentes e independientes, una electoral y otra de protección judicial y sólo la Suprema Corte puede definir a quién corresponde conocer y decidir.
“La Suprema Corte, como superior jerárquico, tendrá que resolver y decirnos a nosotros como Comité de Evaluación (de candidaturas) si acatamos las órdenes de los jueces del distrito o la del Tribunal Electoral”, puntualizó.
Una reforma constitucional al Poder Judicial en México, inédita en el mundo, abre las puertas en 2025 a la elección de todos los tribunales federales por voto popular para construir una nueva procuración de justicia, la cual ha sido objetada por jueces y magistrados pero respaldada por el oficialismo en el Congreso y la Presidencia.
Las dos órdenes de los jueces que buscan detener el proceso forman parte de numerosos juicios de amparo presentados por trabajadores del Poder Judicial; estas acciones han dado lugar a suspensiones emitidas por diversos juzgadores, con el objetivo de frenar la implementación de las reformas constitucionales que eliminan la carrera judicial y provocan el despido masivo de más de 1.780 jueces y magistrados federales. (Sputnik)
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