Un estado en llamas y un liderazgo en entredicho
La indignación de la sociedad sinaloense ha alcanzado niveles inéditos. La muerte a balazos de dos niños y su padre en Culiacán el pasado domingo no solo ha dejado un vacío irreparable en una familia, sino que se ha convertido en el detonante de un descontento social que venía acumulándose desde hace meses. En medio de esta tragedia, el gobernador Rubén Rocha Moya enfrenta no solo las protestas de miles de ciudadanos, sino también una creciente exigencia de renuncia, mientras su estado parece desmoronarse bajo el peso de la violencia y la impunidad.
Las declaraciones del mandatario estatal durante su conferencia de prensa de este lunes, aunque aparentemente cargadas de empatía y llamados a la unidad, se perciben como un eco vacío para una sociedad que ya no encuentra consuelo en las palabras. Invitar a los manifestantes a “unirse en una causa común contra la delincuencia” parece un llamado ingenuo y desconectado, cuando el propio gobierno ha demostrado ser incapaz de frenar la ola de violencia que consume al estado.
¿Qué puede significar la unidad cuando el Estado no puede garantizar lo mínimo: la seguridad de sus ciudadanos?
El clamor de las manifestaciones, que congregaron a miles de personas vestidas de blanco bajo consignas como “¡A los niños no!” y “¡Fuera Rocha!”, no es solo una respuesta emocional al triple crimen. Es el reflejo de una sociedad que se siente traicionada por sus instituciones, cansada de vivir en un estado donde la vida parece tener cada vez menos valor.
Los números son aterradores: casi 600 homicidios y 600 desapariciones en apenas cuatro meses, cifras que convierten a Culiacán en una de las ciudades más peligrosas de México. Ante este panorama, el llamado del gobernador a “privilegiar el bienestar y la paz” suena más a una súplica desesperada que a una estrategia contundente.
Además, la promesa de justicia para los hermanos Gael y Alexander Sarmiento Ruiz y su padre, aunque necesaria, se siente insuficiente. La ciudadanía exige más que resultados en un solo caso: demanda un cambio estructural que permita recuperar la seguridad en las calles, en las escuelas y en los hogares de Sinaloa.
La ira de los manifestantes, que incluso irrumpieron en el despacho del gobernador, no se trata solo de un acto de rabia. Es un grito colectivo que busca respuestas, pero sobre todo acciones concretas. Es la expresión de una población que se siente sola, abandonada por un gobierno que debería ser su primera línea de defensa.
La responsabilidad política
Es cierto que el problema de la violencia en Sinaloa tiene raíces profundas, vinculadas al narcotráfico y a años de impunidad. Pero también es cierto que el liderazgo actual tiene la obligación de enfrentar la crisis con más que discursos. Los ciudadanos no necesitan más promesas ni más agradecimientos por su “solidaridad”. Necesitan un gobierno que actúe con firmeza, que restaure la confianza y que tome decisiones audaces para cambiar el rumbo del estado.
El gobernador Rocha Moya debe entender que la unidad de la que habla no puede lograrse sin acciones contundentes que demuestren que está dispuesto a proteger a su gente. Y si no puede garantizar eso, entonces debe considerar seriamente si su permanencia en el cargo es lo mejor para Sinaloa.
En una sociedad que clama “¡A los niños no!”, el liderazgo no es una opción, es una obligación. Sinaloa no necesita más palabras. Necesita resultados. Y los necesita ahora.
