El Congreso del Estado de Nuevo León dio trámite a seis nuevas solicitudes de juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, derivadas de resoluciones emitidas por tribunales electorales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Las denuncias fueron presentadas por los dirigentes estatales del PRI y PAN, quienes acusan al mandatario de diversas violaciones legales.
Durante la sesión de la Diputación Permanente de este martes, los expedientes fueron turnados a la Comisión de Anticorrupción con carácter de urgente. Esta acción responde a sentencias previas que determinaron que el Ejecutivo estatal incurrió en omisiones al no publicar decretos aprobados por el Poder Legislativo, además de intervenir indebidamente en procesos electorales recientes.
Los dirigentes del PRI, José Luis Garza Ochoa, y del PAN, Jesús Policarpo Flores Peña, argumentaron que el gobernador utilizó su cargo para favorecer campañas políticas, en particular la de su esposa, Mariana Rodríguez, para la alcaldía de Monterrey, y la de Jorge Álvarez Máynez en la elección presidencial. Las resoluciones judiciales también mencionan presuntos desvíos de recursos y la vulneración del principio de imparcialidad en la contienda electoral.
Las demandas están sustentadas en diversas sentencias de órganos jurisdiccionales, incluyendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la SCJN. Con estos nuevos recursos, el gobernador acumula un total de 18 sanciones electorales en su contra, una cifra sin precedentes para un titular del Ejecutivo estatal en Nuevo León.
El Congreso del Estado ha señalado que dará seguimiento a las denuncias para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Mientras tanto, los líderes partidistas han insistido en la necesidad de establecer un precedente para evitar que los funcionarios públicos interfieran en procesos democráticos de manera irregular.
Adicionalmente, Garza Ochoa y Flores Peña presentaron una demanda específica por el incumplimiento de la publicación de reformas a la Ley de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal de 2023. La Suprema Corte ya determinó que esta omisión constituye una falta grave, lo que refuerza el proceso de juicio político en contra del gobernador.
