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“Una especie de negocio”: organizaciones en México buscan consolidarse como partidos políticos

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Daniel García

Autoridades electorales de México han recibido la solicitud de distintas organizaciones que buscan asentarse como partidos políticos nacionales, esto de cara a la desaprobación entre la población al destino de recursos públicos para su financiamiento.

Recientemente las organizaciones conocidas como Marea Rosa y el Frente Cívico Nacional presentaron su solicitud ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para convertirse en uno de los nuevos partidos políticos nacionales bajo el nombre de Somos México.

De esta forma, esta organización, junto con decenas más, comenzaron el camino para ser parte de la partidocracia mexicana —que actualmente está conformada por seis institutos políticos nacionales—. De lograrlo, tendrían acceso al millonario recurso que distribuye anualmente el INE.

Tan solo para el 2025, el INE aprobó un presupuesto de más de 7.354 millones de pesos para los seis partidos nacionales, en un año en el que no se tienen agendadas elecciones intermedias o generales.

“Siempre ha sido más o menos cuestionable que los partidos reciban tanto dinero en épocas en las que no hay elecciones, sobre todo pensando en que justo su valor de promoción cívica se queda corto, vamos a decirlo así, frente a los resultados que se tienen, por ejemplo, como tal ya en las elecciones, donde el nivel de participación no es tan alto como como se esperaría”, dijo en entrevista con Sputnik Maximiliano García Guzmán, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Datos del INE muestran que los niveles de participación ciudadana en elecciones presidenciales e intermedias de las últimas dos décadas oscilan entre el 41% y 64%.

En las últimas cinco elecciones presidenciales, el porcentaje de participación ronda el 60%, siendo la cifra más alta la correspondiente a la elección de 2000, con 63,97%, y la más baja correspondió a la elección de 2006, con el 58,55%.

La mayoría de la población considera alto la cantidad de recursos que se destina a los partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y específicas. Una encuesta realizada por el propio organismo electoral mexicano en 2022 encontró que el 72% opina que reciben demasiado presupuesto, mientras que el 93% de los encuestados está de acuerdo en destinarles menos recursos.

Además, los partidos políticos se ubican como la institución con menos confianza en la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según la cual sólo el 33% de la población de 18 años y más declaró tener confianza alta o moderadamente alta en estas organizaciones, mientras en el 45% de la población consultada es baja o nula.

Importancia del financiamiento público

A diferencia de lo que sucede en países como Estados Unidos, donde las instituciones políticas se mantienen y costean sus campañas de donaciones privadas, los partidos políticos mexicanos reciben financiamiento público casi por completo bajo el argumento de generar equidad y evitar que solo respondan a intereses privados.

En la legislación electoral nacional se regulan los gastos de campaña a los partidos, la fiscalización de los recursos, las contribuciones no públicas, así como la prohibición para la transferencia de recursos provenientes del extranjero o de algún ministro de culto o grupo religioso.

“Hoy el financiamiento a partidos tiene mala fama, pero lo cierto es que en su origen fue una medida que precisamente buscaba impedir que la política fuera monopolio de los grupos que poseían recursos económicos. ¿Cuál es el problema? Que el rol del financiamiento público también se ha pervertido”, dijo a Sputnik César Morales Oyarvide, politólogo egresado de la Universidad de Chicago e investigador doctoral de El Colegio de México.

El experto explica que el financiamiento público, que era pensado como una garantía de equidad en la competencia política entre los partidos, se convirtió más bien en una herramienta por medio de la cual los liderazgos partidistas pudieron alejarse paulatinamente más de sus bases.

“Los partidos políticos se convirtieron en una especie de ‘cártel’ que, más allá de sus diferencias, actuaba como un frente unido para defender sus intereses comunes: más dinero público, más espacio en medios y, sobre todo, para cerrarle la puerta a los competidores que venían de fuera”, añadió.

Sin embargo, el politólogo considera que disminuir o incluso cortar el financiamiento público a los partidos podría tener consecuencias en la equidad de las contiendas electorales.

“El riesgo de este tipo de medidas es que al mismo tiempo podrían afectar la equidad en la contienda, que fue la razón de ser del financiamiento en primer lugar”, enfatizó.

El negocio de los partidos políticos

Actualmente, el INE exige varios requisitos para que una organización logre convertirse en partido político, entre ellos arrancar con la afiliación de 256 mil 030 personas, equivalente al 0,26% del padrón electoral, así como realizar asambleas por lo menos en 20 entidades o en 200 distritos electorales y que en estas participen al menos 3.000 afiliados por entidad o bien 300 por distrito electoral.

Para el anterior proceso de creación de nuevos partidos iniciado en 2019 se inscribieron 106 organizaciones y solo tres obtuvieron su registro, las cuales obtuvieron un financiamiento de más de 162 millones de pesos para su participación en la elección intermedia de 2021.

Pese a obtener casi 500 de millones de pesos en conjunto para enfrentar su primera elección en 2021, ninguno de los tres nuevos partidos de ese año logró mantener su registro, pues la Constitución mexicana establece que si no obtienen al menos 3% de la votación válida emitida en la elección anterior perderán su registro, requisito que no se cumplió.

“Una de las críticas que tradicionalmente se le hace de manera más puntual al sistema de partidos en México es que desafortunadamente en muchas ocasiones el financiamiento público termina siendo una especie de negocio, porque si uno contrasta el nivel de militancia versus el monto presupuestal que se les asigna, sí resulta bastante cara la democracia en ese sentido”, opinó García Guzmán.

Fuente: https://noticiaslatam.lat/

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