Víctor Flores García
Ciudad de México.- México refuerza a costa de su propia seguridad la frontera norte, presionado por el nuevo presidente de EU, Donald Trump, que dejó en suspenso por un mes su amenaza de imponer aranceles si no cesa el flujo de migrantes indocumentados y drogas ilícitas, sobre todo el opiáceo sintético fentanilo.
Las negociaciones bilaterales parten de una grave acusación de la Casa Blanca: afirma en un documento que “las organizaciones mexicanas de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el Gobierno de México”.
La respuesta de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum fue categórica: “Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio”.
Sin embargo, la detención en casi cuatro meses de más de 10.000 presuntos delincuentes, la interceptación de casi 5.000 armas de fuego y más de 90 toneladas de drogas ilegales indican un giro en el combate al crimen organizado en el mandato de Sheinbaum mientras negocia con EU.
La Casa Blanca, dijo el fin de semana pasado que “México se está tomando muy en serio lo que dijo el presidente Trump en su decreto, para que sean mucho más agresivas en lo que respecta a la guerra contra las drogas”.
¿ES CIERTA LA ACUSACIÓN DE EEUU?
La directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Lisa Sánchez Ortega, dijo en entrevista con la Agencia Sputnik que el grado de penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado mexicano es históricamente importante.
“Hay mucha evidencia y estudios que muestran que en México la gobernanza criminal se ha organizado con actores políticos y autoridades gubernamentales en todos los niveles”, responde la experta de la organización ciudadana creada en 1998.
Son muchos los casos emblemáticos y escenarios destacados de esa penetración del crimen organizado en estructuras del Estado mexicano a lo largo de su historia.
La experta indica casos sonados como los 43 estudiantes de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014, donde participaron autoridades federales, del estado de Guerrero (sur), y varios municipios, comenzando por Iguala, donde ocurrió la tragedia, “con conocimiento o inacción de elementos del Ejército”.
Además a los colectivos de madres de personas desaparecidas en el marco de la ola de violencia delincuencial: “denuncian que sus familiares y seres queridos fueron desaparecidos por marinos, militares y policías municipales en colusión con organizaciones criminales”, señala Sánchez Ortega.
También reseña los numerosos casos de lavado de activos y corrupción más visibles. Por ejemplo, los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht por unos 10 millones de dólares a la compañía estatal Petróleos Mexicanos.
Otro caso mencionado por la experta es la llamada Operación Zafiro, para malversar el equivalente a 30 millones de dólares para beneficiar al entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“Las autoridades desvían recursos públicos para su beneficio con esquemas de delincuencia organizada, se benefician de sobornos, son autores de acciones abiertamente criminales, o reciben beneficios en una extensa zonas gris de mercados ilícitos como la minería, o incluso el tráfico de drogas”, dice la directiva que ha estudiado el fenómeno durante varios lustros.
Según Washington, el país latinoamericano “ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para que se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos” que pone en peligro la seguridad de EU.
“La afirmación de EU es grave y fuerte, debe ser respondida por los canales diplomáticos, y eventualmente rechazarse, pero en la política de seguridad nacional se debe tomar en serio”, recomienda la especialista posgraduada en universidades de Londres y París.
Sostiene que, desde hace décadas, la “delincuencia organizada y desorganizada tiene protección y participación estatal”, ofrecida por actores políticos.
Los niveles de impunidad del crimen es más del 90 por ciento en todos los delitos, que comienzan con un elevado porcentaje de delitos que no se denuncian y tampoco hay un sistema de investigación eficaz
“En este país resulta gratis cometer delitos y desde posiciones de poder los funcionarios se pueden beneficiar”, afirma.
Por ejemplo, recomienda poner atención a las investigaciones sobre la participación de la delincuencia organizada en campañas electorales, para colocar a cómplices en direcciones de obras de infraestructura en municipios, y controlar la administración de presupuestos gubernamentales.
“No podemos obviar evidencias de esas redes de criminalidad, pasar por un doloroso reconocimiento, empezar a trabajar en el combate a la impunidad mediante fiscalías y mecanismos extraordinarios de justicia transicional, para acceder a la reparación del daño a las víctimas y la no repetición”, sostiene la directora de MUCD.
LAS ACCIONES DE TRUMP
Las órdenes ejecutivas de Trump consisten en designar organizaciones narcotraficantes como “organizaciones terroristas extranjeras”, declaró una emergencia en la frontera sur, con un inusual despliegue de militares.
Con el despliegue de 10.000 guardias nacionales para pausar la imposición de aranceles por 25 por ciento a la exportaciones mexicanas: ¿cuál es el impacto y la eficacia de estas acciones considerando el diagnóstico anterior?
“Queda claro que las negociaciones entre ambas partes para evitar sanciones tuvo dos consecuencias fundamentales: se impone de nuevo un enfoque de seguridad sobre drogas y migración, y se vuelven inseparables de la negociación económica y comercial”, responde la investigadora.
Las operaciones estadounidenses están enfocadas en contener el tráfico de fentanilo que causa más de 100.000 muertes anuales en EU.
“Es un juego muy perverso, no se separan las agendas, sino se esgrimen amenazas a la seguridad nacional para lanzar una guerra y militarización, ante un problema complejo como la movilidad humana”, cuestiona.
Explica que ese fenómeno migratorio es muy complejo y participan países de todos el continente, y la respuesta no solo depende de los efectivos de la Guardia Nacional movilizados en la frontera norte.
“A México le va a pesar durante el Gobierno de Trump la amenaza sobre temas económicos y comerciales”, mientras se deterioran las negociaciones sobre la integración en el marco del tratado de libre comercio de Norteamérica (T-MEC) previstas para 2026, anticipa.
Tras el anuncio del envío de refuerzo de guardias nacionales a la frontera norte, la organización no ha podido actualizar el despliegue actual en los estados fronterizos mediante solicitudes al sistema público de transparencia.
Sin embargo, Sánchez Ortega ofrece las siguientes cifras preliminares: hasta el primer semestre de 2024, en junio pasado había 17.000 elementos de la Guardia Nacional en los estados de la frontera norte con EU.
Por otra parte, otros 12.000 han estado desplegados en la frontera sur con Guatemala. Sumados los 10.000 guardias mexicanos acordados con Trump, la experta estima que en las fronteras mexicanas estarán casi 40.000 de los 120.000 efectivos totales de la Guardia Nacional.
“Si esa estimación es correcta hay dos problemas: primero, que ese número de efectivos estará deteniendo migrantes en una política similar a la administración anterior (de Andrés Manuel López Obrador), cuando se detuvieron a más de 800.000 migrantes en todo el sexenio (2018-2024), con problemas de violaciones a los derechos humanos de poblaciones en movilidad”, apunta la entrevistada.
El otro problema es que esa fuerza estará distraída en tareas fronterizas y de control migratorio: “no harán prevención, ni investigación, ni persecución del delito”, lamenta.
En su discurso, Trump promete mejorar la seguridad en la frontera. Sin embargo -prosigue Sánchez-, para cumplir esa promesa de neutralizar a las organizaciones criminales, “se distraen a muchos elementos de la única corporación con tareas de policía en seguridad pública”.
No es la primera vez que ese ciclo de ineficacia se presenta en la relación bilateral: “Es un círculo perverso del que no hemos salido en mucho tiempo”.
Trump logra reforzar la seguridad fronteriza del lado mexicano, pero lo hace “´para tener a las bases de votantes estadounidenses contentas, mostrando su poder de responder con tropas para proteger a ciudadanos de EEUU”, cuestiona Sánchez Ortega.
Si el país latinoamericano descuida la seguridad para detener la migración procedente de Latinoamérica, el Caribe y otros orígenes a un tercer país, EU, “¿quién está haciendo investigación del delito en México”?, interroga la especialista.
Otro dato muestra el tamaño del desafío: el censo de seguridad pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2024 arroja unas 3.300 detenciones realizadas por la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, en un país de casi 130 millones de habitantes.
En otras palabras, 120.000 efectivos no persiguen a los criminales, porque la corporación de seguridad pública no cumple como debe ser.
Entonces, ¿quién persigue el delito? La respuesta es: “las Fuerzas Armadas, policías locales y fiscalías que no funcionan”, puntualiza (Sputnik)
Fuente:https://noticiaslatam.lat/
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