
Ciudad de México, 14 Feb (Sputnik).- El pleno del Senado de México aprobó el jueves la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Ley Federal del Trabajo, para garantizar la construcción, arrendamiento y opción de compra de casas.
“Con 71 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Ley del Infonavit y la Ley Federal del Trabajo, para, entre otras cosas, dar arrendamiento accesible y con opción de compra”, informó la Cámara alta en la red social X.
Poco después, en una segunda votación los legisladores aprobaron con 67 votos a favor y 35 en contra, los artículos reservados en lo particular en los términos del dictamen que reforma ambas leyes.
El gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo que la reforma es “para que nunca más la clase trabajadora contrate créditos impagables, para que no se caiga la casa antes que acaben de pagar”.
El legislador oficialista Heriberto Aguilar anunció que fue fijada la fecha para la creación de una empresa filial del Infonavit, “a partir de los 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto”.
La filial se encargará de la construcción de viviendas, junto con compañías privadas destinadas a la renta y adquisición de trabajadores que perciben menos de tres salarios mínimos.
El presupuesto de ese fondo federal se aprueba con efectos a partir del 1 de enero de este año 2025.
El fondo de vivienda tendrá un Gobierno corporativo, y la máxima autoridad es la Asamblea y en el Consejo de Administración.
Senadores opositores cuestionaron que varias peticiones realizadas por gremios de trabajadores empresarios no fueron consideradas en la reforma aprobada.
El representante de Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata), Francisco Pavón, lamentó que el dictamen aprobado no incluye que la empresa filial del fondo de vivienda tenga integración tripartita (trabajadores, empresarios y Gobierno).
Además, criticó que fue descartada una evaluación de la Auditoría Superior de la Federación del Congreso, que vigila el gasto público.
Tampoco se tomó en cuenta una propuesta para eliminar el derecho de veto en el Consejo de Administración del director general de ese instituto.
Ese puesto lo desempeña actualmente Octavio Romero, quien fue director de la estatal Petróleos Mexicanos en la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). (Sputnik)
Fuente:https://noticiaslatam.lat/
eitmedia.mx