Un presupuesto con aroma a reconciliación política
El fin de semana del Amor y la Amistad parece haber surtido efecto en los políticos de Nuevo León. PRI, PAN y Movimiento Ciudadano finalmente han llegado a un acuerdo sobre el Paquete Fiscal 2025, un consenso que hasta hace poco parecía inalcanzable. Morena, por otro lado, ha optado por mantenerse al margen, lo que refuerza la percepción de su desinterés en participar en este debate presupuestario o, al menos, en sumarse a una posible sanción contra el gobernador Samuel García.
El anuncio realizado por el líder del PAN en Nuevo León, Policarpo Flores Peña, este domingo, marcó un punto de inflexión en esta larga disputa política. “Estamos listos”, declaró el dirigente, confirmando que tras prolongadas negociaciones con la administración estatal, se han alcanzado los acuerdos necesarios para finalmente aprobar un presupuesto funcional.
Desde el PRI, el coordinador Heriberto Treviño Cantú también expresó su voluntad de avanzar en la discusión del Paquete Fiscal 2025, siempre y cuando se garantice el respaldo financiero a municipios y organismos autónomos.
Por su parte, Movimiento Ciudadano en el Congreso Local respaldó la solicitud de financiamiento presentada por el Ejecutivo, destacando que los fondos se destinarán a la construcción de las líneas 4 y 6 del metro, un proyecto que consideran clave para el desarrollo de la entidad.
Según Miguel Flores Serna, coordinador de MC, la inversión en el metro será un legado a largo plazo, con una vida útil de más de un siglo si se le otorga el mantenimiento adecuado, tal como ocurre en ciudades emblemáticas como Londres, París y Budapest.
Y así, tras meses de tensiones y desencuentros, la maquinaria gubernamental de Nuevo León parece lista para volver a moverse. Sin embargo, la pregunta que persiste es si este presupuesto realmente servirá a los ciudadanos o si, como suele ocurrir, será el pueblo quien termine cargando con el costo de estos acuerdos políticos. Al final, los discursos de consenso y unidad deben traducirse en beneficios tangibles para la población y no solo en acuerdos que faciliten la gestión de los partidos.
