Los diputados del Congreso Local iniciaron un análisis exhaustivo de la respuesta enviada por el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, respecto a los juicios políticos que se han abierto en su contra.
Legisladores de los partidos PAN y PRI coincidieron en que es necesario revisar detenidamente la postura del mandatario para determinar la sanción correspondiente. Carlos de la Fuente Flores, coordinador del PAN, subrayó que es obligatorio acatar las disposiciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y evaluar el alcance de la posible sanción.
De la Fuente Flores explicó que el análisis debe centrarse en contrastar las justificaciones presentadas por el gobernador con las demandas de los legisladores. “Es un proceso jurídico que debemos estudiar a fondo y continuar. Esperamos conocer las conclusiones de la Comisión Anticorrupción”, afirmó. Además, recalcó la importancia de establecer una sanción proporcional a las irregularidades cometidas por García Sepúlveda, basándose en el marco legal correspondiente.
Por su parte, Lorena de la Garza Venecia, presidenta de la Comisión Anticorrupción, negó que las acciones contra el gobernador sean una persecución política, como este lo ha sugerido en un escrito enviado al Poder Legislativo.
De la Garza aseguró que las medidas responden a una orden judicial derivada de presuntas violaciones a la ley electoral. “Como presidenta de la Comisión, sostengo que el gobernador es sujeto de juicio político”, declaró.
Mario Soto, coordinador de Morena, señaló que su bancada ya ha definido su postura ante el caso. Aunque inicialmente propusieron la revocación de mandato, esta opción no aplicaría para García Sepúlveda.
Soto explicó que, tras las sesiones de la Comisión Anticorrupción y la elaboración de los dictámenes, la decisión final recaerá en el Pleno del Congreso. “Morena optó por la abstención en la votación, ya que no apoyamos el revanchismo político”, precisó.
El caso ha generado un intenso debate en el Congreso Local, donde los legisladores buscan equilibrar el proceso jurídico con las demandas de la ciudadanía.
Mientras algunos insisten en la aplicación de sanciones ejemplares, otros llaman a evitar que el proceso se perciba como una venganza política. La decisión final podría marcar un precedente importante en la rendición de cuentas de los funcionarios públicos en el estado.
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