Ante la creciente crisis en el transporte público que afecta a miles de ciudadanos, el diputado Mario Soto presentó una iniciativa para evitar que se autoricen nuevos fraccionamientos sin estudios de factibilidad en movilidad. La propuesta busca modificar la Ley de Movilidad para que el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León exija este requisito antes de aprobar cualquier desarrollo habitacional.
El legislador de Morena acudió a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado para formalizar su iniciativa, que plantea reformas al artículo 10 de la ley vigente. Explicó que actualmente, los desarrolladores pueden ofrecer soluciones temporales mientras se concreta la factibilidad del transporte, lo que compromete el derecho de los ciudadanos a una vivienda adecuada y con acceso a servicios básicos.
Como solución transitoria, la iniciativa propone que, por un plazo máximo de un año, el Instituto de Movilidad asuma la prestación del servicio en estas zonas, con un pago único por parte de los desarrolladores como garantía. Esto aseguraría que los habitantes de nuevos fraccionamientos no queden desprotegidos mientras se gestiona la infraestructura necesaria.
Soto destacó la urgencia de esta reforma al señalar que municipios de alto crecimiento, como García, El Carmen, Salinas Victoria, Ciénega de Flores y Pesquería, enfrentan problemas graves de movilidad. “No podemos seguir permitiendo que se construyan fraccionamientos sin asegurarnos de que las familias que los habiten tendrán acceso a transporte público digno”, enfatizó.
El legislador recordó que la normativa actual contradice el artículo 213 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, que ya establece la necesidad de contar con factibilidad en transporte antes de aprobar nuevos desarrollos habitacionales. Sin embargo, persisten vacíos legales que permiten excepciones y generan dificultades para los residentes.
Finalmente, aclaró que esta iniciativa no afectará a los fraccionamientos campestres, los cuales se ubican fuera de los centros de población y no dependen de la infraestructura de movilidad urbana. Con esta reforma, Soto busca garantizar que el crecimiento de la mancha urbana se realice de manera ordenada y con acceso efectivo al transporte público para todos los ciudadanos.
