En un esfuerzo por avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, el Grupo Legislativo del Partido del Trabajo (PT) presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Nuevo León.
Esta propuesta, impulsada por la diputada Lupita Rodríguez Martínez, busca garantizar el cumplimiento del principio constitucional de “a trabajo igual, salario igual”, con el objetivo de erradicar la brecha salarial por razones de género.
La iniciativa se alinea con la reforma al Artículo 123 de la Constitución, vigente desde el 15 de noviembre de 2024, que establece la obligación de eliminar las diferencias salariales basadas en el sexo o género.
La diputada Rodríguez Martínez explicó que esta reforma no solo busca homologar la legislación local con la federal, sino también implementar mecanismos concretos para reducir y, eventualmente, eliminar la brecha salarial que afecta a las mujeres en el ámbito laboral.
Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es la incorporación del concepto de “brecha salarial”, definido como la diferencia en la retribución económica entre mujeres y hombres por razones de género, a pesar de realizar trabajos de igual valor.
Además, la iniciativa establece una Política Estatal en Materia de Igualdad, que promueve acciones para alcanzar la igualdad sustantiva en diversos ámbitos, como el familiar, económico, laboral, político y cultural.
La diputada enfatizó que el Estado tiene la responsabilidad de contribuir a erradicar estas desigualdades, sin estigmatizar ni discriminar a las mujeres, especialmente en sectores donde los salarios son más altos y la brecha es más evidente.
“Es fundamental que las mujeres reciban un trato equitativo en todos los espacios, especialmente en aquellos donde históricamente han sido relegadas”, afirmó Rodríguez Martínez.
Esta iniciativa representa un paso importante en la lucha por la igualdad de género en Nuevo León. Al establecer mecanismos claros y políticas públicas enfocadas en reducir la brecha salarial, el PT busca no solo cumplir con un mandato constitucional, sino también sentar las bases para una sociedad más justa e inclusiva.
La reforma es un llamado a la acción para que el Estado, las empresas y la sociedad en su conjunto trabajen juntos en la construcción de un futuro donde el género no determine el valor del trabajo ni el acceso a oportunidades.
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