La reciente aprobación de la reforma a la Ley de Amparo por la Cámara de Diputados ha generado una fuerte controversia entre organizaciones civiles, expertos en derecho y sectores empresariales. La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha calificado esta reforma como un grave retroceso en la protección de los derechos fundamentales y un ataque directo al Estado de Derecho en el país.
Uno de los cambios más preocupantes es la limitación del alcance de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de normas generales. Con esta modificación, solo las personas que presenten un recurso individual podrán beneficiarse de los fallos, dejando en estado de indefensión a quienes no cuenten con los recursos económicos para acceder a un abogado y promover una demanda. Esto, según COPARMEX, rompe con el principio de equidad y justicia, ya que solo aquellos con capacidad financiera podrán hacer valer sus derechos cuando sean vulnerados.
El juicio de amparo ha sido históricamente una herramienta fundamental para proteger a la ciudadanía de abusos de poder y garantizar el respeto a los derechos constitucionales. Sin embargo, esta reforma restringe su eficacia y abre la puerta a la imposición de normas injustas sin posibilidad de corrección en favor de toda la sociedad. Además, se argumenta que la reforma debilita la independencia del Poder Judicial al eliminar el sistema de salas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reducir el número de votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de una norma, lo que podría politizar las decisiones judiciales.
COPARMEX ha señalado que esta reforma no solo frena el avance en la protección de los derechos fundamentales, sino que representa un retroceso en la consolidación de un sistema jurídico justo y equitativo. En lugar de fortalecer los mecanismos de defensa, se están limitando, lo que afecta especialmente a los grupos más vulnerables de la población.
La Confederación ha hecho un llamado al Senado de la República para que revise esta reforma y proponga alternativas que garanticen el acceso a la justicia y la seguridad jurídica para todos los mexicanos, en línea con lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales. Asimismo, ha reiterado su compromiso de seguir defendiendo el Estado de Derecho y los principios de legalidad, justicia y equidad que son fundamentales para el desarrollo y bienestar del país.
Esta reforma, según COPARMEX, no solo atenta contra los derechos de las personas, sino que también representa un golpe a la democracia y al equilibrio de poderes en México. La organización ha anunciado que continuará impulsando acciones para evitar que se consoliden retrocesos en materia de derechos fundamentales y para preservar las libertades de todos los ciudadanos.
