Vigilancia y revictimización: ¿qué se nos escapa entre tanto control?
En la ciudad de García, Nuevo León, la reciente noticia sobre la desarticulación de una red de cámaras de videovigilancia ilegales evidencia una inquietante realidad: el control que los criminales ejercen sobre nuestra seguridad.
Un total de 108 cámaras, colocadas estratégicamente en puntos neurálgicos del municipio, como las avenidas Lincoln, Heberto Castillo y Sor Juana, han sido desmanteladas por las autoridades locales y federales.
Estos dispositivos, lejos de servir para la protección de los ciudadanos, eran utilizados por grupos delictivos para monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad y, lo que es más grave, de la propia ciudadanía.
Pero, en medio de esta revelación, surge una pregunta crucial: ¿cómo fue posible que nadie se percatara de esta red de vigilancia ilegal en las administraciones anteriores? o eran omisos ó mejor dicho había una participación . no lo sé, pero eso es una gran pregunta para los anteriores Alcaldes.
Mire usted, el actual alcalde Manuel Guerra Cavazos, acompañado por el secretario de Seguridad Pública, Guadalupe Saldaña, y las autoridades de la Guardia Nacional, afirmó que estas cámaras se encontraban en lugares clave, accesos a colonias y sectores prioritarios, permitiendo a los delincuentes coordinar sus movimientos y eludir a las autoridades.
Y si bien es un alivio que ahora se esté actuando para recuperar el control, la realidad es que la falta de supervisión y la ausencia de medidas preventivas durante años permiten que se dé un golpe tan grande a la seguridad de los habitantes.
¿Qué nos dice esto sobre las administraciones pasadas? ¿Cómo es posible que nunca se haya detectado un sistema tan vasto de vigilancia clandestina? El hecho de que esta red haya permanecido oculta durante tanto tiempo pone en tela de juicio la eficacia y la atención de las autoridades en el municipio.
Quizás es hora de reflexionar sobre cómo un sistema de seguridad tan sofisticado pudo operarse con total impunidad y cómo se permitió que los criminales tuvieran un control absoluto sobre la información y la movilidad dentro de la ciudad.
Este hecho no solo subraya la gravedad de la situación, sino también la urgente necesidad de una reestructuración profunda en los procesos de vigilancia y control de las autoridades.
En otro ámbito, y más allá de la seguridad pública, también encontramos un caso que ilustra cómo la política se entrelaza con temas de género y poder. Mayra Ojeda Chávez, militante del PRI, ha sido víctima de violencia política de género por parte de Alejandro Moreno, presidente del partido y senador.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido una sanción histórica, reconociendo que Moreno cometió una grave falta al intentar obstaculizar la participación de Ojeda Chávez en las elecciones internas de 2023, mientras ella se encontraba embarazada.
Esta decisión no solo pone en evidencia las dinámicas de poder dentro del PRI, sino también la necesidad urgente de garantizar espacios seguros para las mujeres en todos los ámbitos, especialmente en la política.
Ojeda Chávez, al hablar de su caso, ha mencionado sentirse revictimizada, pues, aunque sigue siendo parte del PRI, ha sido apartada de cualquier intento de contender por un cargo directivo. Este episodio pone en duda la verdadera capacidad de los partidos políticos para respetar y fomentar la participación femenina.
La violencia política de género es una problemática persistente que debe ser erradicada no solo mediante sanciones, sino con una reflexión profunda sobre las estructuras de poder que permiten estas conductas.
Finalmente, la reciente declaración de Jaime Ochoa, presidente colegiado de dirección del partido VIDA Nuevo León, marca un punto de inflexión en la trayectoria de este movimiento político.
Con firmeza, Ochoa ha dejado claro que el partido mantiene su compromiso con los valores y principios que lo rigen, rechazando cualquier desviación de su misión original.
Sin embargo, sus palabras también han expuesto una realidad incómoda: la manipulación de proyectos políticos para beneficio personal. Ochoa no dudó en denunciar las acciones de Patricio “Pato” Zambrano, quien, según el dirigente, utilizó al partido como un medio para obtener recursos y privilegios, desvirtuando la noble causa de servir a la comunidad.
La postura de VIDA Nuevo León frente a esta situación es digna de reflexión. A pesar de las acusaciones graves contra Zambrano, Ochoa ha decidido no emprender acciones legales, argumentando que, como hombres de fe, prefieren dejar la justicia en manos de Dios.
Esta decisión, aunque cuestionable desde un punto de vista jurídico, refleja un intento por mantener la coherencia con los valores que predica el partido. Sin embargo, también plantea un dilema ético: ¿es suficiente condenar públicamente las malas prácticas, o es necesario actuar con firmeza para evitar que se repitan?
