Con una amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios. El dictamen, que modifica el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución Política, recibió 452 votos a favor en lo general y 425 en lo particular, con 19 votos en contra y ninguna abstención. La propuesta fue enviada a las legislaturas estatales y a la Ciudad de México para su revisión, en cumplimiento del artículo 135 constitucional.
El objetivo de estas reformas es impulsar políticas públicas que fomenten la simplificación de trámites, la digitalización de servicios y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del gobierno. Estas medidas buscan mejorar la eficiencia de las instituciones públicas, reducir la burocracia, prevenir actos de corrupción y garantizar mayor transparencia y accesibilidad para la ciudadanía.
El dictamen establece que las autoridades de todos los niveles de gobierno deberán implementar buenas prácticas regulatorias y desarrollar herramientas tecnológicas que faciliten los trámites y servicios públicos. Además, se faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley nacional que defina los principios y obligaciones en esta materia. Dicha ley deberá incluir un modelo nacional de simplificación y digitalización, así como designar una autoridad encargada de supervisar estos procesos.
En el régimen transitorio, se establece que el Congreso tendrá un plazo máximo de 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para emitir la legislación correspondiente. Esta ley deberá contemplar, entre otros aspectos, la creación de herramientas que agilicen los trámites y servicios, así como el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del sector público.
Durante la discusión en lo particular, se presentaron propuestas de modificación a los artículos 25 y 75 del proyecto de decreto, así como a los artículos transitorios. Sin embargo, estas reservas, presentadas por diputados de Morena, PAN, PT, PRI y MC, fueron retiradas, no admitidas a discusión o desechadas, por lo que el dictamen se mantuvo en sus términos originales.
La iniciativa, impulsada por la presidenta de la República, busca mejorar la relación entre el gobierno y la ciudadanía, eliminar la duplicidad de funciones y promover un sistema más eficiente y transparente. Con estas reformas, se espera un impacto positivo en el desarrollo económico y social del país, beneficiando a todos los sectores de la población.
