Ciudad de México.- La deficiente investigación en un rancho de Jalisco, centro de México, allanado en septiembre pasado, donde “madres buscadoras” encontraron restos humanos calcinados este mes, muestra que las fiscalías están rebasadas por la crisis de desaparición de personas, dijo la tarde del miércoles el jesuita Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”.
“El informe presentado hoy (miércoles) por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso Teuchitlán, Jalisco, evidencia que la reforma necesaria en justicia es en las fiscalías, claramente rebasadas e incapaces”, afirmó la entidad en un comunicado.
El pasado 7 de marzo, madres y familiares del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco llegaron al Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán -abandonado por la Fiscalía de Jalisco desde un cateo realizado por la Guardia Nacional hace seis meses-, donde hallaron más de 1.300 objetos incluidos cientos de pares de calzado, maletas y otros artículos personales.
“Las negligencias documentadas de la Fiscalía de Jalisco muestran que el lugar no se procesó adecuadamente y que líneas de investigación clave no se siguieron”, dice el pronunciamiento del reconocido centro de defensa de derechos humanos de la Compañía de Jesús.
La organización que acompaña los más destacados casos de desaparición forzada, como los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa -sin resolver desde septiembre de 2014- no sólo señala las falencias de las autoridades locales de Jalisco, sino de la propia FGR que encabeza el fiscal general, Alejandro Gertz.
“El análisis de FGR es pobre, sin análisis de contexto ni uso intensivo de tecnología”, soslayando que se trata de un delito federal y no local, “al subyacer, evidentemente, delincuencia organizada”, señala la organización.
En una conferencia de prensa, Gertz dijo seis meses después que los servicios periciales de Jalisco “tampoco cuentan con los análisis físicos y químicos que en forma directa vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias, que debieron haber estado sometidas a temperaturas entre 800 y 1.200 grados”.
CRISIS DE DDHH
Los defensores de víctimas dijeron que “es lamentable que el tono que privó (en la presentación del fiscal general Gertz) no haya sido de la solemnidad y empatía que ameritaba el caso” ante una crisis de dimensión nacional con más de 120.000 personas desaparecidas, casi 90 por ciento desde 2006.
A la organización católica le preocupa también que la investigación federal que eventualmente podría realizarse “lleve el sesgo de acotar el hallazgo al de un campo de entrenamiento, únicamente”.
Las madres y familiares llegaron al presunto centro de entrenamiento para sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mediante una denuncia anónima, donde hallaron mensajes manuscritos de los tratos crueles, cientos de zapatos, maletas y ropa.
El centro de derechos humanos fundado en 1988 plantea que todas las hipótesis deben explorarse, incorporando la información del contexto disponible.
“En particular, preocupa que en la conferencia se haya afirmado que la FGR no está obligada a informar sobre el número de casos de desaparición que conoce”, prosigue la reacción ante el reporte del fiscal general.
También se cuestiona que Gertz haya afirmado ante periodistas que el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) ya opera desde 2023, cuando en realidad “no es así”.
En efecto, desde 2017, la Fiscalía General había incumplido su obligación de poner en marcha este banco de datos, para enfrentar la crisis forense de más de 52.000 cuerpos sin identificar en todo México.
Sin embargo, tras la fundación del BNDF en mayo de 2023, la FGR informó al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) -en seguimiento al informe de la visita al país de dicho organismo ese año-, que “se tiene considerada la conclusión del Banco Nacional de Datos Forenses y de los subsistemas que lo integran, entre los años 2025 y 2026”.
La respuesta del centro jesuita a la presentación del fiscal general señala que en la búsqueda de personas desaparecidas, “no se han incorporado registros como el Sistema Actualizado de Identificación de Huellas Dactilares”.
Finalmente, los abogados del centro humanitario sostienen que la crisis de desapariciones en el país norteamericano “necesita otra justicia”.
“Aunque se nos distraiga con la errónea Reforma Judicial (para elegir a todos los jueces y magistrados de tribunales por voto popular), la justicia no mejorará con estas decadentes fiscalías”, puntualiza el Centro jesuita.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en todo el país latinoamericano hay 124.916 personas en esa condición, desde la década de 1960 a la fecha.
Sin embargo, el 88 por ciento del total de los reportes de desaparición se han realizado entre 2006 -cuando el Gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico – hasta la actualidad.
De 2019 a 2022, la cantidad de víctimas de desaparición se mantuvo entre 8.000 y 8.600 personas reportadas ante las fiscalías.
En 2023 las desapariciones aumentaron a 10.283, y 2024 cerró como el año con mayor número de desapariciones, al registrar 13.627, es decir, un incremento del 32 por ciento, según cifras oficiales del RNDPNO. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
Foto: Tomada de https://x.com/FiscaliaJal
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