Mordiendo el polvo: aire, historia y justicia
Hoy despertamos en Nuevo León con un aire pesado, cargado de polvo que, según dicen, llegó desde Texas. Pero más allá de su origen, lo cierto es que los ciudadanos estamos cansados de respirar un aire que parece más una condena que un derecho.
Samuel García, el gobierno estatal, y los alcaldes de los municipios deben dejar de lado algunas cuestiones de a quién le corresponde y empezar a trabajar unidos en una campaña permanente para mejorar la calidad del aire que respiramos. No es suficiente con culpar a la refinería o a factores externos; es hora de acciones concretas. Como debería ser ya “El Hoy No Circula” parejo para todos. Incluyendo empresas y camiones de reparto.
Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum llega a Nuevo León, y no estaría mal recordarle que su querida Ciudad de México no está muy lejos de lo que vivimos aquí.
La contaminación no es un problema local, es nacional, y requiere soluciones integrales y urgentes.
Mientras aquí respiramos polvo, en Estados Unidos se respira controversia. Jack Schlossberg, nieto del expresidente John F. Kennedy, ha pedido a los medios de comunicación que no den cobertura a los documentos recién desclasificados sobre el asesinato de su abuelo. Para Schlossberg, estas revelaciones son una “historia falsa” que distrae de los problemas reales del mundo.
Sin embargo, más allá de su descontento, la desclasificación de estos archivos abre una ventana a uno de los eventos más oscuros de la historia moderna. La muerte de Kennedy sigue siendo un misterio, y aunque su familia prefiera no revivir el pasado, la sociedad tiene derecho a conocer la verdad, por incómoda que sea.
Pero si hay algo que duele más que el polvo en el aire o los secretos del pasado, es la falta de justicia en el presente. En Jalisco, las madres buscadoras han encontrado restos humanos calcinados en un rancho que las autoridades habían abandonado.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un informe que, lejos de aclarar lo sucedido, evidenció la incompetencia y la falta de recursos para enfrentar la crisis de desapariciones en México. El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” ha sido claro: las fiscalías están rebasadas y son incapaces de resolver casos que, como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, han quedado en la impunidad.
El rancho de Teuchitlán, donde se encontraron más de 1,300 objetos personales, es un recordatorio de que la delincuencia organizada sigue operando con impunidad. Las autoridades no solo fallaron en procesar adecuadamente el lugar, sino que también ignoraron líneas de investigación clave.
El fiscal Alejandro Gertz Manero intentó justificar la falta de resultados, pero sus palabras no hacen más que confirmar que el sistema de justicia mexicano está roto. Las madres buscadoras, quienes han tomado la tarea de encontrar a sus seres queridos en medio de la indiferencia estatal, merecen respuestas claras y acciones concretas.
En Nuevo León, en Estados Unidos y en Jalisco, hay un común denominador: la necesidad de verdad y justicia. Aquí, la verdad es que no podemos seguir respirando un aire que nos enferma. Allá, la verdad sobre el asesinato de Kennedy sigue siendo esquiva, pero necesaria. Y en Jalisco, la justicia para las víctimas de desaparición forzada es una deuda que el Estado no puede seguir ignorando.
