Ciudad de México.- La zona fronteriza de México con Guatemala sufre una espiral de violencia armada criminal de parte de traficantes de drogas, que incluye la desaparición de personas y el desplazamiento forzoso de comunidades, según un informe del Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
“El actual paradigma de la violencia extrema que vivimos en México, y en particular en (el estado de) Chiapas, es el gran veneno que corrompe las estructuras sociales y desarticula a las comunidades, que está causando impacto de gran calado y que repercuten en graves violaciones a los derechos humanos”, dice el reporte, difundido la víspera.
Con motivo de los 35 años de fundación de la organización -creada por el obispo católico Samuel Ruiz (1924-2011) y con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas-, el informe de 160 páginas tiene el objetivo de “dejar una huella de este periodo atroz”.
En ocho capítulos, el informe de la organización -titulado Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal-, documenta cómo fue trastocada la paz de las comunidades por la violencia delincuencial, desplazamientos forzados, desapariciones de personas y la militarización como respuesta gubernamental.
DESPLAZAMIENTO FORZADO
En México existen distintas violencias que ocasionan graves violaciones a los derechos humanos, que “se profundizan con la corrupción, marginación, impunidad y los nulos mecanismos de acceso a la justicia, provocando el desplazamiento forzado de miles de personas de sus territorios”, plantea la organización.
Para finales de 2023, el Centro Frayba -como se conoce a la longeva organización- estima que alrededor de 392.000 personas estaban en situación de desplazamiento forzado interno como consecuencia de los conflictos y la violencia en todo México.
Sólo para ese año, el informe señala que se registraron 11.000 nuevas personas en situación de desplazamiento por las mismas causas en todo el país.
El Centro de Derechos Humanos ha documentado “20 eventos de desplazamiento forzado interno desde el mes de enero del año 2023 a junio del 2024, presentándose un número aproximado de 15.780 personas víctimas de este fenómeno”.
Como referencia, en el informe se menciona que, en el marco del conflicto armado interno de la guerrilla zapatista que dirigió el subcomandante Marcos en los años 1990, alrededor de 20.000 personas sufrieron desplazamiento forzado en Chiapas.
Entre las principales causas de esa zozobra, el informe señala la disputa violenta del territorio por parte de organizaciones de la delincuencia organizada, con la tercera parte de casos de comunidades que huyen de la violencia criminal.
El centro católico describe también el fenómeno de una “diversificación de grupos armados en el territorio, que en gran parte emergen desde las propias comunidades”.
El estado fronterizo está habitado por 5,5 millones de personas -en su inmensa mayoría comunidades indígenas de origen maya en condición de pobreza extrema- y tiene una extensión de 73.000 kilómetros cuadrados, más grande que Costa Rica, con una población similar.
DESAPARICIÓN DE PERSONAS
En noviembre de 2023, el Frayba presentó el informe Tocar el vacío, sobre la desaparición de personas en Chiapas, para comprobar el ascenso de este fenómeno, donde informó que “entre 2019 y 2023, la desaparición forzada aumentó en un 358 por ciento” en ese estado.
Esto ocurre principalmente en el marco de la disputa por el dominio del territorio, basada en la confrontación armada entre grupos criminales, que según los investigadores cuentan con la protección de instancias locales, nacionales y transnacionales.
El informe señala que la intención de las organizaciones delincuenciales sigue siendo el control de la vida social, económica y política de las comunidades mediante la “estrategia del terror”, con lo que se pretende acallar toda posibilidad de movimiento social y autogestión del territorio.
Esta situación no es nueva, se ha visto durante años en otras regiones del país y ahora en Chiapas, principalmente en las regiones de la sierra y la frontera con Guatemala.
Muchas de estas desapariciones tienen como objetivo la trata y explotación sexual, indican los expertos.
El documento cita que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba hasta junio de 2024 a 115.892 personas desaparecidas en todo el país.
De ese total, durante los seis años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), “las cifras de personas desaparecidas sumaban más de 61.000”, indica el documento, basado en cifras oficiales de las fiscalías.
Además, indica que “dentro de los primeros 100 días del Gobierno de Claudia Sheinbaum (cumplidos a mediados de enero), se han registrado más de 4.000 desapariciones”.
MILITARIZACIÓN
Un capítulo está dedicado a la militarización en el país, que el centro católico considera “una estrategia fallida, una tragedia con resultados sumamente desproporcionados”.
El apartado titulado Los laberintos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional señala que la denominada “política militarista del Estado mexicano” refleja una estrategia de control territorial castrense.
“Este enfoque se basa en una serie de acciones y decisiones gubernamentales que buscan fortalecer la presencia y el poder de las Fuerzas Armadas en distintas regiones del país” dice el texto.
En la última década, el informe documenta un incremento significativo en el uso de militares para tareas de seguridad pública.
“Esta política militarista ha llevado a una erosión de los derechos civiles y políticos, al dar más poder y autonomía a las Fuerzas Armadas en detrimento de las instituciones civiles”, cuestiona el centro humanitario.
Respecto al enfoque, que continúa la actual administración de Sheinbaum, la organización señala que no ha podido contener la persistencia del narcotráfico y la violencia.
“A pesar de los esfuerzos militarizados, no se logra eliminar el tráfico de armas ni el lavado de dinero, las drogas siguen circulando, los jóvenes continúan siendo reclutados por los cárteles o migrando, y el número de desaparecidos sigue en aumento”, indica una de las conclusiones.
Los cuarteles militares no siempre consiguen inhibir las acciones violentas de los cárteles, el consumo de drogas no ha disminuido y hay “acuerdos y complicidad” entre autoridades y criminales, lamentan los expertos.
“Desde el Frayba sostenemos que estamos en la profundización de una crisis de los derechos humanos en el estado de Chiapas y del país; en este periodo seguimos contando historias de terror y dolor, en medio de una guerra interminable hacia los pueblos”, puntualizan los autores del documento.
Un mapa de la violencia muestra que la delincuencia organizada en la frontera con Guatemala “controla el territorio”, con estructuras de poder político y diversas economías legales e ilegales.
Finalmente, la organización llama a construir “relaciones diferentes, basadas en la dignidad, en el respeto mutuo, en la justicia”.
La propuesta de solución se basa en principios de “no polarización, sin generar divisiones”, intensificar diálogos, procesos de confianza y de cohesión social sin militarización de la sociedad. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
Foto: redes sociales
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