Quito.- Los 16 integrantes de una patrulla implicada en la desaparición en el suroeste de Ecuador de cuatro menores, asesinados posteriormente, continuarán en la cárcel mientras avanza la investigación judicial, luego de que un tribunal desestimara este viernes la apelación del Gobierno a la prisión preventiva.
“Juez acoge los argumentos de Fiscalía y niega el pedido de sustitución de prisión preventiva a los 16 militares procesados por presunta desaparición forzada”, señaló la entidad pública en la red social X, sin otros detalles.
El abogado de las familias de las víctimas, Fernando Bastias, informó, también en X, que el tribunal ratificó “la prisión preventiva de los 16 militares en el caso de los cuatro de (la ciudad de) Guayaquil en la audiencia de revisión y sustitución de medidas cautelares que se instaló hoy a las 09.00 (14.00 GMT) en la Unidad Judicial Valdivia Sur”, en la provincia de Guayas (suroeste).
“Otra instancia judicial que impone y asegura la justicia a las víctimas”, añadió el defensor en su mensaje.
Según Bastias, los abogados de los militares insistieron en los mismos argumentos de las diligencias judiciales precedentes, al señalar que “no hay el delito de desaparición forzada”.
Los menores fueron identificados como Steven Medina, de 11 años; Josué Arroyo, de 14 años, y Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, de 15 años, quienes el 8 de diciembre pasado fueron a jugar un partido de fútbol y al concluir fueron detenidos por los militares frente a un centro comercial, presuntamente por cometer un robo.
La patrulla militar los condujo a más de 40 kilómetros del sitio donde fueron apresados, en las cercanías de la base a la cual pertenecían los uniformados, sin que volvieran a ser vistos con vida.
Posteriormente, fueron encontrados cuatro cuerpos, calcinados, en un manglar de la zona donde se ubica la base militar, y, tras exámenes forenses, se determinó que correspondían a los menores desaparecidos.
Una jueza, identificada como Tanya Loor, estableció el presunto delito de desaparición forzada, tras lo cual el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, arremetió contra esta decisión, lo cual generó críticas y llamados de atención por parte de organismos internacionales.
Más recientemente, Luis Arroyo, padre de Josué e Ismael, dijo en entrevista con medios locales, que tiene la intención de solicitar exámenes de ADN a los restos de los menores porque no tienen certezas de qué ocurrió a los niños exactamente.
Tanto la ONU como la Unesco se pronunciaron tras el caso para instar al Gobierno del presidente, Daniel Noboa, a realizar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables y sancionarlos.
Posteriormente, la organización internacional Amnistía Internacional (AI)- Américas se sumó al pedido de justicia en el caso que conmocionó al país y exigió justicia.
“Este trágico hecho pone de manifiesto los riesgos de un enfoque militarista hacia la seguridad pública”, indicó AI.
Además, reconoció la labor de defensa y acompañamiento del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil y envió sus solidaridad a los familiares de las víctimas.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este hecho e instó al Estado a investigar este caso.
Además, el Comité de los Derechos del Niño/a de la ONU instó al Gobierno ecuatoriano a indagar este crimen y adoptar las medidas para investigar otros casos similares de violaciones a la integridad de menores de edad, tras la declaratoria del conflicto armado interno.
Según el Comité Permanente de Derechos Humanos, durante el contexto de militarización en el país desde enero de 2024 hasta inicios de febrero de este año se registraron 27 casos de presuntas desapariciones forzadas donde estarían implicados agentes de los cuerpos de seguridad del Estado ecuatoriano. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
eitmedia.mx
