El Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo León hizo un llamado urgente al gobernador Samuel García para que ceda el mando total de la seguridad pública al municipio de Monterrey, actualmente gobernado por el alcalde Adrián de la Garza.
Policarpo Flores, dirigente estatal del PAN, entregó un escrito formal en la oficina del Ejecutivo estatal en el que argumenta que, ante el repunte de violencia en la ciudad, el municipio debe asumir la plena responsabilidad de la seguridad en su territorio.
“Consideramos que es momento de que un experto en el tema, como el alcalde De la Garza, tome todo el control de la seguridad en Monterrey”, declaró Flores, quien recordó que esta demanda ha sido una promesa pendiente desde la administración de Rodrigo Medina.
Además de la transferencia de mando, el PAN exigió que el Estado proporcione los recursos económicos necesarios para que el municipio pueda operar con eficacia.
“No solo se trata de un tema legal, sino de garantizar que el Ayuntamiento tenga las herramientas financieras para cumplir con esta responsabilidad”, subrayó el líder panista.
Flores aseguró que, con el control total de la seguridad, las autoridades municipales y estatales podrían mejorar su coordinación en beneficio de los ciudadanos.
“Monterrey necesita una estrategia clara y unificada. Si el municipio tiene el mando, podrá trabajar de manera más directa y eficiente con el Estado para combatir la delincuencia”, afirmó.
La petición del PAN llega en medio de una ola de violencia que ha encendido las alarmas en la zona metropolitana. Desde hace años, distintos alcaldes de Monterrey han buscado mayor autonomía en seguridad, pero hasta ahora no se ha concretado un cambio definitivo.
El gobernador Samuel García no se ha pronunciado públicamente sobre la solicitud, pero la presión política y social podría acelerar una respuesta en los próximos días.
Mientras el PAN y el municipio insisten en que la descentralización mejoraría la seguridad, algunos expertos advierten sobre posibles choques de autoridad y la necesidad de un marco jurídico claro para evitar duplicidad de funciones.
Lo cierto es que, con la creciente inseguridad, la demanda del PAN pone el tema sobre la mesa y desafía al gobierno estatal a tomar una decisión.
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