Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este lunes las iniciativas de reformas legislativas de las instituciones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas, que envió al Congreso para su aprobación.
“Son las reformas a dos leyes para facilitar y ampliar las investigaciones relacionadas con casos de desaparición forzada por particulares, tanto de las fiscalías, las comisiones de búsqueda (gubernamentales), como la necesidad de fortalecer la identidad para poder avanzar en las investigaciones”, dijo la jefa del Ejecutivo en conferencia de prensa.
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, dijo al hacer la presentación de los detalles que “hallar a las personas desaparecidas sigue siendo uno de los compromisos más importantes para el Gobierno encabezado por la presidenta Sheinbaum”.
La creación de una “plataforma única”, con base en los registros de las fiscalías de los 32 estados de la federación mexicana, es parte de las reformas a dos leyes para la alerta, búsqueda y localización de personas desaparecidas.
“¿Qué estamos planteando con estas leyes? Que en el caso de la investigación relacionada con delitos de alto impacto como la desaparición estén todas las bases de datos disponibles para la búsqueda”, detalló la mandataria.
Las reformas fueron anunciadas tras el hallazgo de restos realizado por madres y familiares de desaparecidos en un campo de entrenamiento de criminales en el municipio Teuchitlán, estado de Jalisco (centro), donde permanecieron secuestradas y presuntamente fueron asesinadas decenas de personas.
CAMBIOS PROPUESTOS
La plataforma única de identidad tiene el propósito de contar con una base de datos para la implementación de una alerta inmediata en todo el país ante los reportes de personas desaparecidas.
La consejera jurídica del Ejecutivo detalló el proyecto para crear un sistema de intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares.
Para que la investigación sea más ágil y efectiva, el objetivo de la plataforma única es “hacer partícipe a la sociedad en el proceso de búsqueda mediante información o reportes oportunos; alertar a todo el país de forma rápida y precisa cuando se denuncia la desaparición de alguien; y fortalecer a las Fiscalías locales”.
El sistema busca garantizar la atención inmediata ante cualquier denuncia de desaparición para coordinar la respuesta entre las diferentes instituciones del Estado.
El proyecto de reformas contempla otras medidas, como incorporar a la plataforma la Clave Única Registro de Población (CURP), que identifica a cada persona en México, nacionales y extranjeros.
Ese registro, que ya existe, se utilizará “como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares, de uso obligatorio en registros administrativos y con capacidad de consultas en tiempo real”.
Las leyes propuestas establecen obligaciones y sanciones a funcionarios públicos para la “generación, actualización y difusión interna de información”, indicó Godoy.
El Gobierno propone además crear una “Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas desaparecidas y no localizadas”, que deberá integrarse dentro de los 180 días posteriores a la eventual entrada en vigor de las reformas.
En ese registro se deberá abrir una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia de desaparición ante las fiscalías , que “se fortalecen en las capacidades para sus tareas de búsqueda e investigación”.
Se incorpora además a ciudadanos privados en la obligación de “generar y compartir información útil para búsqueda de personas”, y se incrementan penas a quienes cometan el delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
Otra propuesta es fortalecer y ampliar el Banco Nacional de Datos Forenses a cargo de la Fiscalía General de la República.
Organizaciones defensoras de derechos humanos indican que ese banco de datos comenzó a construirse en mayo de 2023, seis años después de una ley que lo estableció, y contiene más de 52.000 registros de cuerpos no identificados en las morgues de todo el país, con información genética de unos 15.000 restos.
Por otra parte, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el país latinoamericano hay casi 125.000 personas en esa condición, desde la década de 1960 a la fecha, y el 88 por ciento de estos reportes totales se han realizado desde 2006 hasta la actualidad.
El año pasado cerró con un máximo histórico anual, con 13.627 desapariciones denunciadas, que representa un incremento del 32 por ciento anual, según cifras oficiales de ese registro que reúne los reportes de todas las fiscalías. (Sputnik)
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